Mientras muchos ex funcionarios hablan livianamente de administración y coparticipación, en General Pinedo todavía quedan las consecuencias de una gestión que, en sus últimos días, habría dejado compromisos económicos explosivos que hoy ponen contra las cuerdas al municipio.
Detrás de los discursos políticos y las críticas constantes al actual manejo de los recursos, aparece una pregunta incómoda que nadie de la anterior administración parece dispuesto a responder: ¿quién se hará cargo del desastre financiero que dejaron?
Uno de los casos más escandalosos se remonta a diciembre de 2019, cuando el entonces intendente saliente, a horas de abandonar el poder, emprendió un verdadero raid de reconocimiento de deudas y firma de convenios que hoy son objeto de fuertes cuestionamientos. La maniobra habría tenido un objetivo claro: desprenderse de responsabilidades personales y trasladar el peso de las garantías directamente al patrimonio municipal, dejando a todos los vecinos como rehenes de decisiones tomadas sobre el cierre de mandato.
Las cifras hablan por sí solas. Se reconocieron consumos de 10.829 litros de Max Power Diesel, 15.369 litros de nafta súper y distintos artículos varios, todos facturados el 4 de diciembre de 2019. Apenas cinco días después, el 9 de diciembre, cuando ya la gestión estaba prácticamente terminada, se firmó el convenio que hoy amenaza con convertirse en una sangría millonaria para el municipio.
Lo más grave es que la deuda original era de $1.801.739. Sin embargo, por las condiciones aceptadas y las posteriores demandas judiciales, hoy el reclamo asciende a la impactante suma de $49.035.942,13, más honorarios y costas. Con la nueva ley de honorarios, el golpe económico podría superar ampliamente los 60 millones de pesos.
La comparación deja aún más expuesta la irresponsabilidad de quienes gobernaban en aquel momento. Si se aplicara únicamente la tasa activa del Banco Nación, el monto actualizado rondaría los $8.639.852,14. Pero ahora pretenden indexar la deuda tomando como referencia el aumento del combustible, es decir, que los vecinos de General Pinedo continúen pagando durante años el combustible consumido por funcionarios de una gestión que terminó hace más de seis años.
Captura demanda en Cámara de apelaciones
El silencio de los ex funcionarios llama la atención. Muchos de quienes hoy opinan sobre la situación económica municipal fueron parte directa de las decisiones que generaron este escenario. Ninguno explica por qué se firmaron convenios de último momento, ni quién autorizó semejantes compromisos económicos, ni por qué se dejó expuesto al municipio a demandas de semejante magnitud.
La pregunta ya no es solamente política. También es patrimonial y judicial: ¿habrá responsables que respondan con su patrimonio por el daño ocasionado? Porque mientras algunos pretenden despegarse del pasado, las consecuencias de aquella gestión siguen llegando en forma de juicios, intereses y millones que podrían salir del bolsillo de todos los pinedenses.
