Desde el 22 de diciembre, una supuesta obra hídrica ejecutada por el Municipio de Villa Berthet habría bloqueado completamente los accesos a un domicilio particular, dejando a sus ocupantes privadas de circulación. La situación involucra a una mujer adulta mayor con patología cardíaca y configura, según la denuncia, hechos de extrema gravedad institucional.
Las cunetas realizadas no drenan ni conducen el agua hacia ningún sector, no cumplen función técnica alguna y jamás se reconstruyeron accesos provisorios ni definitivos. La maquinaria municipal ocupó y afectó propiedad privada, dejando a las residentes, de hecho, retenidas en su propio hogar.
En la vivienda reside una mujer adulta mayor de 76 años, con antecedentes de patología cardíaca. El accionar municipal generó un riesgo cierto, concreto e inminente para su salud y su vida, al imposibilitar el acceso a medicación y la eventual atención de una urgencia médica. Esta situación constituye una violación directa a la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores (Ley Nacional 27.360), a la Constitución de la Provincia del Chaco y a los principios más elementales de humanidad.
La denuncia se encuentra respaldada por al menos 20 registros audiovisuales que documentan con precisión el presunto abuso de poder: cunetas inútiles, ausencia total de drenaje y un trato desigual y selectivo. Mientras el domicilio afectado permanece completamente aislado, viviendas vinculadas al intendente y a su entorno no presentan bloqueos en sus garajes ni entradas principales. Incluso, en las últimas horas se enripió una de esas cuadras, mientras el domicilio denunciado continúa inaccesible. La diferencia, sostienen las denunciantes, no es casual sino arbitraria.
La situación obligó a las residentes a salir caminando por una tabla improvisada, exponiendo su integridad física, para poder acceder a viviendas ubicadas a una y dos cuadras de distancia. Este hecho evidencia ensañamiento, capacidad de daño y un absoluto desprecio por la legalidad vigente, incluso por normas constitucionales básicas.
Según lo manifestado, el accionar municipal podría encuadrar en figuras penales como abuso de poder, omisión ilegítima de deberes de funcionario público, abandono de persona, discriminación y restricción ilegítima de la libertad ambulatoria. La responsabilidad fue atribuida de manera directa y pública al intendente Germán Honcheruk y al diputado provincial Atlanto Honcheruk. Este último habría bloqueado todo contacto, mientras que el intendente no habría acusado recibo de los reclamos, permitiendo que la situación se prolongue desde hace más de una semana.
Si bien se tomó contacto con la Defensoría de los Derechos Humanos, las fechas festivas, las gestiones a distancia y la imposibilidad material de movilizar el vehículo sin dejar sola a la adulta mayor impidieron hasta el momento concurrir a la Fiscalía de Villa Ángela. Esta imposibilidad, se remarca, deriva directamente del accionar municipal, lo que agravaría la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
Por la extrema gravedad de los hechos, se reclama una denuncia penal inmediata, además de acciones civiles, constitucionales y administrativas, con pedido de medidas urgentes para el cese del daño, la restitución inmediata de los accesos y la protección efectiva de los derechos vulnerados.
