Las denuncias por presuntos excesos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad del Chaco vuelven a quedar en el centro de la escena. Esta vez, el hecho señalado involucra a una integrante del Servicio Penitenciario Provincial, quien fue denunciada por una ciudadana que asegura haber sido privada ilegítimamente de su libertad, esposada y golpeada dentro de una dependencia oficial.
La causa habría sido denunciada ante la Fiscalía de Charata y también dio lugar a actuaciones administrativas.
Las denuncias por presuntos abusos de integrantes de las fuerzas de seguridad del Chaco continúan generando preocupación.
En esta oportunidad, el caso involucra al Servicio Penitenciario Provincial y, según la denuncia, la víctima no sería una persona privada de la libertad, sino una ciudadana que acudió a una dependencia penitenciaria tras ser convocada para intentar resolver un conflicto de índole personal.
De acuerdo con la versión de la denunciante, al ingresar a la dependencia habría sido esposada por una agente penitenciaria, quien además la habría agredido físicamente y registrado en video lo sucedido. La mujer sostiene que no existía ninguna situación de flagrancia ni orden judicial que justificara una restricción de su libertad.
Según pudo saber este medio, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Charata. La denunciante también habría recurrido a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial ante la falta de avances que, según afirma, observó en el ámbito judicial. Con el recambio de autoridades dentro de la institución se habrían iniciado actuaciones administrativas para esclarecer lo ocurrido, las que podrían alcanzar no solo a la agente señalada, sino también a quienes eventualmente hubieran omitido denunciar o investigar el episodio.
Desde el punto de vista legal, la denuncia plantea interrogantes sobre un posible abuso de autoridad y una eventual privación ilegítima de la libertad, delitos que, de comprobarse, podrían derivar además en responsabilidades administrativas por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cabe recordar que el personal del Servicio Penitenciario Provincial posee funciones específicas vinculadas a la custodia y tratamiento de personas privadas de la libertad, y sus atribuciones difieren de las de las fuerzas policiales en materia de prevención y actuación en la vía pública.
La denunciante publicó además un relato de lo ocurrido en su cuenta de Facebook, donde describe la situación vivida y el impacto emocional que le habría provocado el episodio. Según su testimonio, el hecho le ocasionó un profundo daño psicológico y una sensación de indefensión.
Este caso se suma a otros episodios de presunto hostigamiento denunciados recientemente contra integrantes de distintas fuerzas de seguridad de la provincia, reavivando el debate sobre los mecanismos de control interno, la responsabilidad de las autoridades y la necesidad de garantizar investigaciones imparciales cuando existen denuncias de abuso de poder.
En un Estado de Derecho, toda denuncia contra funcionarios públicos debe ser investigada con celeridad, transparencia y respeto por el debido proceso. Del mismo modo, corresponde preservar la presunción de inocencia de las personas denunciadas hasta tanto la Justicia determine las responsabilidades que pudieran corresponder.
Atento a ello es el comité de la Tortura que investigaría los hechos y posiblemente se presentaría como querellante atento a que el fiscal de Charata tendría que derivar la causa a la fiscalía de derechos humanos de Presidencia Roque Saenz Peña
Nota de Redacción: la denunciante nombra cargos dentro del Servicio Penitenciario Provincial como si fueran la misma denominación que la policía como por ejemplo lo denomina comisario Inspector a una persona que su correcto cargo es el de Alcaide Inspector - Isapi, Fabian Alejandro y así otros.
