La renuncia de un concejal oficialista en plena feria administrativa volvió a encender las alarmas en Charata. Entre sesiones frustradas, argumentos poco creíbles y silencios incómodos, la gestión del intendente Rubén Rach enfrenta una crisis política que deja más preguntas que certezas y expone tensiones internas dentro del radicalismo gobernante.
Charata, uno de los polos productivos más importantes del Chaco, parece haberse acostumbrado a estar más tiempo en el centro de la escena política por sus conflictos que por su desarrollo.
Desde el inicio de su corta gestión, el intendente Rubén Rach logró atravesar conflictos con los empleados de planta permanente del municipio, denuncias mediáticas persistentes y una agenda marcada por la tensión, aunque siempre manteniendo un estilo no confrontativo, tanto con la oposición como con la propia interna de la UCR.
Sin embargo, el escenario actual deja un sabor amargo. La renuncia de un concejal oficialista, presentada en pleno receso administrativo de verano, obligó al presidente del Concejo Deliberante a convocar una sesión extraordinaria para tratar el tema. Una sesión que finalmente naufragó, pese a la presencia del presidente del cuerpo y de los concejales de la oposición.
Desde el oficialismo se intentó justificar la caída de la sesión argumentando que “muchos estaban de vacaciones”. No obstante, la ciudadanía fue testigo de que los ediles estaban en la ciudad, amparados en una resolución de receso que, en este caso, parece más una excusa administrativa que una explicación política seria.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿la renuncia del concejal obedece a un real disgusto con la gestión municipal —disfrazado de “problemas personales”— o es el resultado de tensiones internas con integrantes del propio gabinete? Más inquietante aún sería que el Concejo decida rechazar la renuncia sin que exista un pedido formal del cuerpo ni fundamentos claros que justifiquen semejante decisión.
¿Qué argumento podría esgrimir el oficialismo para obligar a un edil a continuar en un cargo que, por voluntad propia, decidió abandonar? ¿Estamos frente a una conducta infantil, propia de viejas épocas donde, ante el desacuerdo, se apelaba al “me voy y no juego más, la pelota es mía”? Porque, de otro modo, la renuncia resulta difícil de explicar.
Otra hipótesis que sobrevuela es aún más grave: ¿se trata de una maniobra para condicionar al Ejecutivo, forzando cambios en el gabinete municipal? Si así fuera, surge un interrogante preocupante: ¿cuánto poder concentra un concejal como para intentar torcer las decisiones de un intendente electo por el voto popular?
La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que Charata es la ciudad de la senadora nacional Zneider y alberga al vicepresidente de la UCR. ¿Debe una gestión reformularse por la presión de un solo concejal?
El tema es delicado y profundamente ácido. Lo razonable sería respetar la voluntad del edil y que el órgano legislativo acepte su renuncia o, en su defecto, exponga con claridad las razones para rechazarla. De lo contrario, la imagen de un concejal hasta ahora considerado probo podría caer en la chabacanería de una política de extorsión al Ejecutivo, dejando al descubierto, además, la debilidad de un intendente incapaz de sostener a sus propios funcionarios.
Charata no necesita más escenas de desgaste político. Necesita respuestas, institucionalidad y decisiones claras. Todo lo demás se parece demasiado al desorden.
