La inversión del Gobierno provincial para finalizar el microestadio del Club Ferrocarriles de General Pinedo abrió mucho más que una discusión sobre infraestructura deportiva.
Durante la firma del convenio, una frase pronunciada por el presidente de la institución “Cuando yo sea intendente” alimentó las sospechas de que detrás del desembolso y la exposición política también podría existir una estrategia para fortalecer a un posible candidato. Mientras tanto, militantes radicales cuestionaron la desorganización de la visita oficial y apuntaron contra una dirigencia que, según expresaron en redes sociales, parece cada vez más alejada de sus propias bases.
La llegada de inversiones del Gobierno provincial al Club Ferrocarriles de General Pinedo para avanzar con la finalización de su microestadio dejó una escena política que difícilmente pase inadvertida.
Porque, más allá del anuncio de obras y recursos para una institución deportiva, la jornada también pareció dejar expuesto algo más profundo: la utilización de la presencia del gobernador Leandro Zdero como plataforma de posicionamiento político para dirigentes que podrían tener aspiraciones electorales.
Durante el acto de firma del convenio, el propio presidente de la institución habría dejado escapar una frase que rápidamente llamó la atención: “Cuando yo sea intendente”.
Una expresión que, lejos de sonar como una simple ocurrencia, alimentó las especulaciones sobre una eventual candidatura y sobre el verdadero rédito político que algunos dirigentes podrían intentar obtener a partir de la fuerte inversión estatal que recibe el club.
La pregunta, entonces, comienza a instalarse: ¿se trata solamente de una política de apoyo al deporte o también de la construcción de una candidatura con recursos, exposición y presencia del Estado?
UNA MILITANCIA QUE SE ENTERA POR OTROS
Pero el malestar no quedó limitado al convenio ni a las aspiraciones políticas que dejó entrever aquella frase.
En las redes sociales comenzaron a aparecer cuestionamientos de militantes y simpatizantes radicales que manifestaron sentirse desorientados, relegados y sin información sobre la presencia del primer mandatario provincial en la ciudad.
La situación dejó expuesta una aparente desconexión entre quienes conducen políticamente el territorio y las propias bases partidarias.
La comparación que circuló entre algunos correligionarios fue tan gráfica como contundente: “Es como que venga Messi y no avisen que llega Messi”.
La indignación habría alcanzado incluso a familiares de dirigentes y funcionarios vinculados al radicalismo, que cuestionaron la falta de convocatoria y el manejo de la visita oficial.
En términos políticos, la escena resulta difícil de explicar: el gobernador llega a una localidad, se anuncia una inversión millonaria, se realiza un acto de fuerte contenido político y, sin embargo, parte de la propia militancia oficialista afirma haberse enterado prácticamente de casualidad.
La pregunta es inevitable: ¿quién organiza la presencia del gobernador en General Pinedo y por qué sectores de la propia UCR parecen quedar afuera?
MILLONES PARA EL CLUB, PERO PRESIÓN PARA PAGAR
A este escenario se suma otro cuestionamiento que genera malestar.
Mientras el Club Ferrocarriles recibe importantes aportes y recursos públicos para infraestructura y actividades, existen reclamos de coordinadores vinculados a la institución que denuncian presiones para cumplir con el pago del seguro y la cuota societaria.
La contradicción aparece rápidamente.
Por un lado, millones provenientes del Estado para fortalecer la infraestructura de la institución. Por otro, trabajadores, coordinadores o personas vinculadas al funcionamiento cotidiano del club que aseguran sentir exigencias económicas.
No se trata de cuestionar la inversión en el deporte ni el crecimiento de una institución. El interrogante pasa por otro lado: ¿cómo se administran los recursos que recibe el club y cuál es el destino de los fondos aportados por el Estado?
Si la institución recibe una fuerte asistencia pública, resulta razonable que existan explicaciones claras sobre el manejo de esos recursos y sobre las obligaciones económicas que se trasladan a quienes forman parte de su estructura.
DIRIGENTES, CARGOS PÚBLICOS Y UNA RELACIÓN DIFÍCIL DE SEPARAR
El análisis político también apunta a la composición dirigencial del club y a los vínculos de algunos de sus integrantes con distintos espacios del Estado.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra el de quien fuera tesorero de la institución, vinculado familiarmente a una actual senadora nacional que, a lo largo de su trayectoria, también ocupó cargos como vicegobernadora, concejal y funcionaria municipal.
Actualmente, el cargo de tesorería estaría ocupado por una persona que también tuvo funciones dentro de gestiones estatales y que hoy mantiene un vínculo laboral con SAMEEP.
La cuestión no pasa por impedir que una persona que trabaja o trabajó en el Estado pueda participar de una institución deportiva. El problema aparece cuando los mismos círculos políticos parecen repetirse una y otra vez alrededor de los recursos públicos, los cargos estatales, los subsidios y las estructuras partidarias.
Siempre cerca del Estado. Siempre dentro de algún esquema institucional. Siempre con una conexión que termina, directa o indirectamente, relacionando la política partidaria con los recursos públicos.
Y en ese contexto aparece otra discusión.
SAMEEP atraviesa desde hace años una situación económica compleja y ha sido objeto de cuestionamientos por su funcionamiento, sus gastos y la calidad del servicio que brinda en distintas localidades.
Por eso, mientras se discute el destino de los recursos públicos y los vínculos políticos alrededor de las instituciones beneficiadas, surge una pregunta que merece una respuesta concreta:
¿cómo se justifican determinadas estructuras salariales, cargos y designaciones dentro de una empresa estatal que atraviesa una situación financiera crítica y que, además, sigue enfrentando reclamos por la prestación de un servicio esencial como el agua potable?
¿DEPORTE O CONSTRUCCIÓN POLÍTICA?
La inversión en un microestadio puede ser una buena noticia para General Pinedo. Nadie debería discutir la importancia del deporte, la infraestructura y los espacios para jóvenes y familias.
Pero cuando, en medio de un acto financiado con recursos públicos, aparece una frase como “Cuando yo sea intendente”, el anuncio deja de ser exclusivamente deportivo.
Y cuando la dirigencia de la institución beneficiada está rodeada de vínculos partidarios, funcionarios, exfuncionarios y referentes políticos, resulta inevitable preguntarse si la inversión pública termina siendo también una herramienta de construcción electoral.
Mientras tanto, una parte de la militancia radical mira desde afuera y reclama información, participación y reconocimiento.
La escena deja una postal incómoda para el oficialismo: el Gobierno pone los recursos, algunos dirigentes aprovechan la exposición y las bases partidarias se enteran después.
En General Pinedo, el microestadio todavía no está terminado. Pero la carrera política, al parecer, ya comenzó.
