Un nuevo conflicto amenaza con abrir un frente judicial contra el gobierno de la provincia del Chaco, luego de que trascendiera un reclamo vinculado a un escribano que durante décadas participó en certificaciones y sorteos de la Lotería Chaqueña.
El conflicto se habría originado tras el recordado episodio del fallido sorteo de la Quiniela nocturna Nº15003 y de la Poceada Nº2192, un hecho que generó fuertes cuestionamientos públicos y puso en duda la transparencia del proceso. El escándalo provocó un fuerte impacto institucional para Lotería Chaqueña, afectando la credibilidad del organismo ante los apostadores.
A raíz de aquel episodio, la institución habría iniciado un sumario administrativo que aún se encontraría en curso. En ese marco, las autoridades decidieron dejar de convocar al escribano que intervino en el sorteo cuestionado, lo que en los hechos significó su desvinculación de las tareas que venía realizando.
Sin embargo, el conflicto escaló en las últimas semanas luego de que el profesional enviara una carta documento reclamando el reconocimiento de una presunta relación laboral encubierta que seegún su planteo se habría extendido desde el año 1995. De confirmarse esa situación en sede judicial, el caso podría atravesar distintas gestiones gubernamentales que pasaron por la conducción provincial durante las últimas tres décadas.
Según trascendió, ante la negativa de Lotería Chaqueña de avanzar en una negociación, el reclamo podría derivar en un juicio laboral millonario contra el Estado provincial.
El eje del planteo radica en que el escribano habría intervenido durante años en certificaciones vinculadas a sorteos de quiniela y otros juegos oficiales, concentrando gran parte de esas tareas durante cerca de tres décadas. Ahora, tras la interrupción de su convocatoria, sostiene que no cuenta con una actividad privada consolidada que le permita generar ingresos.
El caso vuelve a poner en discusión lo que algunos sectores denominan “industria del juicio laboral”, un fenómeno que —según sus críticos— impacta de forma directa sobre las arcas del Estado.
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Mientras tanto, el episodio reabre interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia en los sorteos oficiales. El escándalo del sorteo fallido generó repercusión mediática y dejó una pregunta que aún resuena en el ámbito público: si ese fue un hecho aislado o si existieron otras irregularidades que nunca salieron a la luz.
Por ahora, el conflicto continúa en etapa administrativa y podría trasladarse próximamente al ámbito judicial, con potencial impacto económico para la provincia y nuevas consecuencias políticas e institucionales.
