El escándalo de la falsa médica que ejercía ilegalmente en la provincia del Chaco suma capítulos cada vez más graves y abre interrogantes que ya exceden a dos hospitales del interior. Lo que comenzó con una denuncia puntual hoy amenaza con transformarse en una investigación de dimensiones institucionales, administrativas y hasta políticas.
La protagonista del caso, Lidia Mabel Ojeda, está acusada de haberse hecho pasar por médica en distintas localidades chaqueñas, atendiendo pacientes, realizando guardias e incluso firmando documentación sensible vinculada al sistema sanitario provincial. Pero con el correr de las horas aparecen nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la causa y comprometer a otros actores dentro y fuera del Ministerio de Salud.
La Fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña tomó conocimiento inicialmente a partir de una denuncia radicada por el entonces director de Zona Sanitaria, el doctor Orlando Di Nubila. En ese momento, la presentación policial no reflejaba aún la magnitud real del caso, ya que posteriormente comenzaron a surgir datos sobre actas de defunción firmadas por la supuesta profesional, situación que encendió todas las alarmas.
Ahora, nuevas versiones indican que Ojeda también habría prestado servicios en el Hospital de Tres Isletas, particularmente durante la guardia del 31 de diciembre, donde incluso habría recibido el año 2025 junto al personal de enfermería.
A esto se suma un audio que comenzó a circular en las últimas horas y que podría tener alto impacto político. En esa grabación, la falsa médica menciona directamente al ministro de Salud provincial al relatar un episodio ocurrido tras un accidente vial. Según su versión, el doctor Di Nubila habría tenido inconvenientes para lograr que un paciente fuera recibido y trasladado desde Quitilipi, debiendo intervenir personalmente el ministro para destrabar la situación.
Mientras tanto, la oposición presentó una denuncia en la Fiscalía de Resistencia, aunque todo indica que las actuaciones terminarán siendo remitidas a Sáenz Peña por cuestiones de competencia jurisdiccional.
Sin embargo, la investigación podría avanzar mucho más allá del ejercicio ilegal de la medicina. Desde distintos sectores ya se reclama que la Fiscalía solicite informes al Registro Civil de la Provincia para determinar cuántas actas de defunción fueron firmadas por Ojeda y en qué localidades ocurrió. También se exige revisar las rendiciones de fondos vinculadas a caja chica y programas como Plan Sumar en hospitales del interior provincial.
Otro punto crítico apunta directamente a los organismos de control. El CUIT 27-30589811-8, atribuido a la denunciada, no registraría impuestos activos en ARCA y figuraría dado de baja en ATP desde el año 2020. La pregunta es inevitable: ¿cómo se realizaron pagos desde el Estado provincial a una persona sin inscripción vigente y sin que ningún organismo detectara las irregularidades?
La situación pone bajo sospecha no solo a directores hospitalarios, sino también a sectores administrativos y contables que durante más de un año habrían permitido que la acusada se moviera dentro del sistema sanitario con absoluta libertad.
En medio del escándalo, también comenzaron a surgir fuertes críticas hacia la decisión de apartar al doctor Orlando Di Nubila, quien fue precisamente quien impulsó la denuncia inicial. Para muchos, la reacción oficial terminó enfocándose más en quien expuso el problema que en quienes permitieron que ocurriera.
El caso, además, reabre un debate incómodo dentro de la política chaqueña. Desde distintos sectores recuerdan que no sería la primera vez que ocurre un episodio de estas características en la provincia. La diferencia, sostienen, es que hoy existen mayores herramientas tecnológicas y controles digitales que hacen más difícil ocultar situaciones irregulares.
Con cada nueva revelación, la causa deja de ser únicamente la historia de una “médica trucha” y comienza a mostrar posibles fallas estructurales dentro del sistema de salud pública provincial.
