La pelea por la ley de enganche salarial vuelve a exponer las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo chaqueño. Mientras los magistrados reclaman el cumplimiento de una sentencia y los gremios denuncian un intento de quebrar la porcentualidad, también aparecen interrogantes sobre la imparcialidad de quienes deben resolver el conflicto. ¿Independencia judicial o una disputa de poder con intereses propios?
Como ya señaláramos en una editorial anterior, pareciera que algunos sectores pretenden construir castas judiciales sin advertir una cuestión elemental: el Poder Judicial no está por encima de la Constitución, de las leyes ni del control institucional. Y, mucho menos, puede desconocer que sus propias condiciones de funcionamiento y remuneración también están atravesadas por decisiones del poder político.
La discusión por la denominada ley de enganche salarial no es nueva. Es una disputa que lleva años y que tiene como origen un mecanismo legal de porcentualidad: a partir de la remuneración fijada para los ministros del Superior Tribunal de Justicia se establece una escala descendente para los distintos escalafones de trabajadores judiciales.
No se trata simplemente de una cláusula gatillo para compensar la inflación. Es un régimen establecido por ley, cuya aplicación y alcance forman parte del conflicto que hoy vuelve a enfrentar a los poderes del Estado.
Una sentencia firme y un conflicto que vuelve a escalar
Después de años de litigio, una causa judicial firme habría establecido obligaciones para el Ejecutivo provincial respecto del cumplimiento de determinadas pautas salariales. A ello se suman antecedentes y acuerdos que, según los planteos de los sectores involucrados, deberían ser respetados.
Sin embargo, el conflicto vuelve a escalar ante los intentos de modificar el escenario mediante iniciativas legislativas y decisiones institucionales.
El problema tampoco puede reducirse exclusivamente a los magistrados que obtuvieron resoluciones favorables. En la discusión aparecen secretarios de juzgados y otros trabajadores judiciales que no necesariamente participaron de los procesos originales y, en muchos casos, ingresaron al Poder Judicial después de aquellos pronunciamientos.
Es decir, el conflicto salarial tiene un alcance mucho más amplio que el de quienes iniciaron los reclamos.
En ese escenario, la estrategia de dividir a los trabajadores podría encontrar un límite: los distintos bloques de la oposición habrían asumido el compromiso de no avanzar con el tratamiento del proyecto legislativo cuestionado por la Intergremial Judicial.
La polémica por el Tribunal Ad Hoc
La Intergremial Judicial del Chaco, en vísperas del Día del Empleado Judicial, manifestó su preocupación por la integración del Tribunal Ad Hoc que debe intervenir en cuestiones vinculadas con la causa Alonso de Martina y el Proyecto de Ley Nº 2141/26.
El comunicado gremial pone el foco en el doctor Sergio Cáceres Olivera, quien, luego de dictar sentencias complementarias cuyo procedimiento legal es cuestionado, se apartó de la causa y promovió una acción de amparo para reclamar derechos relacionados con lo que él mismo había resuelto.
Pero el cuestionamiento no termina allí.
Posteriormente, fue designado como presidente del Tribunal Ad Hoc el doctor Enrique Varela, quien también preside el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
Para la Intergremial, esta conformación genera dudas sobre la independencia, objetividad e imparcialidad del tribunal, especialmente porque la controversia involucra un régimen salarial que alcanza tanto a los trabajadores como a las propias autoridades judiciales.
El planteo merece una respuesta institucional. La imparcialidad no solamente debe existir: también debe poder demostrarse ante la sociedad.
¿Por qué algunos salarios parecen intocables y otros no?
Hay otro aspecto que debería llamar la atención del Ejecutivo provincial.
¿Es razonable que un jefe de una fuerza de seguridad perciba una remuneración superior en más de un 20% a la de un ministro del Poder Ejecutivo? No estamos hablando de cuestionar la importancia de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad. Por el contrario, su tarea merece reconocimiento y una remuneración acorde.
Pero también resulta llamativo el contraste cuando quienes tienen la última palabra en materia judicial, responsables de interpretar las leyes y resolver controversias que afectan a toda la sociedad, aparecen en una posición salarial comparativamente desfavorable frente a determinados cargos jerárquicos de otras áreas del Estado.
La discusión no debería convertirse en una competencia de privilegios entre funcionarios. Si existen distorsiones salariales, habrá que revisar los índices y los mecanismos de cálculo de los distintos ministerios y poderes.
No puede haber categorías de trabajadores a los que se les exige comprensión económica mientras otros sectores quedan al margen de cualquier discusión.
La independencia judicial también necesita reformas
Hay cuestiones que merecen un debate más profundo. Necesitamos fiscales comprometidos con la sociedad, con mecanismos de selección que garanticen independencia de las disputas partidarias; necesitamos discutir una Policía Judicial verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo y herramientas institucionales que aporten transparencia a las investigaciones.
La Justicia no puede convertirse en una estructura cerrada sobre sí misma. Tampoco puede reclamar independencia cuando le conviene y olvidar que esa independencia exige responsabilidades, controles y transparencia.
La Intergremial sostiene que no aceptará que decisiones judiciales o iniciativas legislativas avancen sobre el sistema de porcentualidad salarial y los derechos patrimoniales históricos de los trabajadores. Es un reclamo que debe ser analizado con seriedad, al igual que los cuestionamientos sobre la integración del tribunal que deberá resolver la controversia.
Porque una cosa es defender derechos adquiridos y otra muy distinta es pretender que cualquier discusión sobre el funcionamiento del Estado quede clausurada.
La vergüenza de quienes se creen con poder
El conflicto deja una pregunta incómoda: ¿quién controla a quienes tienen la responsabilidad de controlar?
Los jueces no son una casta, los funcionarios tampoco deberían serlo y los trabajadores judiciales no pueden quedar atrapados en una disputa de intereses entre las máximas autoridades de los poderes del Estado.
El Ejecutivo tiene la obligación de cumplir las decisiones judiciales firmes. El Legislativo debe legislar respetando el orden jurídico. Y el Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar imparcialidad, incluso cuando debe resolver cuestiones que afectan sus propios intereses institucionales.
La independencia judicial no puede ser una bandera para defender salarios, cargos o espacios de poder. Debe ser una garantía para todos los ciudadanos.
Porque, al final, quienes hoy se sienten intocables también están expuestos a las decisiones políticas, a las leyes y al juicio de una sociedad que observa cómo se disputan el poder mientras la confianza en las instituciones sigue pagando las consecuencias.