La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos advirtió sobre la situación de las comunidades Qom y reclamó medidas inmediatas a la Provincia y al municipio. Una acción de amparo ya fue admitida por la Justicia y existe una medida cautelar que ordena garantizar la provisión urgente de servicios médicos. Las comunidades también denuncian dificultades para acceder a alimentos y señalan que en los últimos meses murieron dos niños y una mujer.

La situación alimentaria y sanitaria de las comunidades indígenas de Pampa del Indio volvió a quedar en el centro de la preocupación pública. A través de un comunicado difundido el viernes 9 de octubre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), mediante sus regionales Chaco Impenetrable y Resistencia, exigió respuestas urgentes a las autoridades provinciales y municipales.

El reclamo apunta a problemas que, según la organización y las denuncias de las propias comunidades, afectan derechos básicos: falta de medicamentos, deficiencias en la atención médica, casos de desnutrición y dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

La APDH pidió que se adopten medidas inmediatas para garantizar el derecho a la salud y a la alimentación de las familias Qom de la localidad. El planteo no se limita a una demanda de asistencia puntual: reclama una respuesta estatal sostenida frente a una situación que, de acuerdo con el comunicado, requiere atención urgente.

Un reclamo que llegó a la Justicia

La preocupación también tiene una dimensión judicial. Las comunidades indígenas Qom de Piguñalae-Huosañé promovieron una acción de amparo, a través de la Defensora General Adjunta del Chaco, contra la Provincia.

El expediente fue identificado como “Comunidades Indígenas de Piguñalae-Huosañé c/ Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco s/ Acción de Amparo”, N.º 828/2026-6-M, y tramita ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 de Juan José Castelli.

Según informó la APDH, en el proceso se dispusieron medidas mediante una sentencia cautelar que ordena al Poder Ejecutivo provincial garantizar urgentemente la provisión de servicios médicos.

El dato es central: el reclamo no se encuentra solamente en el terreno de las denuncias públicas. Existe una intervención judicial vinculada con la necesidad de asegurar la atención sanitaria. La urgencia ahora pasa por conocer cómo se instrumentan esas medidas y si llegan efectivamente a las comunidades.

Diabetes, tuberculosis y dificultades para alimentarse

El comunicado advierte sobre una elevada cantidad de pacientes con diabetes y tuberculosis, además de las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una alimentación adecuada.

La organización también señaló que integrantes de las comunidades se movilizaron para visibilizar la gravedad de la situación y que atribuyen a este contexto el fallecimiento de dos niños y una mujer durante los últimos meses.

Se trata de denuncias de extrema gravedad que requieren respuestas oficiales y datos sanitarios que permitan dimensionar el problema, sin perder de vista la urgencia de garantizar atención médica, medicamentos y alimentos.

Cuando las dificultades alimentarias se combinan con enfermedades que requieren controles permanentes y tratamientos, la falta de asistencia puede agravar la vulnerabilidad de las familias. Por eso, el reclamo exige una intervención que no dependa únicamente de respuestas ocasionales.

La APDH reclama un programa alimentario sostenido

Además de la atención sanitaria, la APDH consideró indispensable que la Provincia planifique e implemente un programa alimentario acorde con las necesidades reales de las comunidades indígenas.

La propuesta contempla una perspectiva intercultural y entregas periódicas, regulares y sostenidas. También plantea que la asistencia pueda instrumentarse mediante la provisión directa de alimentos o a través de recursos económicos para que las familias adquieran productos básicos.

El objetivo, según el comunicado, es evitar que la ayuda se limite a intervenciones aisladas y garantizar una respuesta continua, adecuada a las características de cada comunidad.

La organización recordó que el derecho a la alimentación y a la salud está especialmente protegido cuando se encuentran comprometidos los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, citó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.

La respuesta estatal, bajo la lupa

El planteo de la APDH vuelve a poner sobre la mesa una pregunta concreta: qué medidas están adoptando las autoridades para asegurar que las comunidades de Pampa del Indio tengan acceso efectivo a servicios médicos, medicamentos y alimentos.

La existencia de una acción judicial y de una medida cautelar refuerza la necesidad de informar qué prestaciones se garantizaron, qué recursos se destinaron y cómo se controla que la asistencia llegue a quienes la necesitan.

El comunicado no detalla una respuesta oficial de la Provincia o del municipio frente a estas denuncias. Por eso, queda pendiente conocer qué medidas concretas adoptaron las autoridades y cuál es el estado de cumplimiento de la orden judicial.

En una situación que involucra a comunidades indígenas y derechos esenciales, las declaraciones de preocupación no alcanzan. Se necesitan atención sanitaria efectiva, medicamentos disponibles y una política alimentaria sostenida.

La APDH exige respuestas urgentes. El desafío para el Estado es demostrar, con medidas concretas y verificables, que la salud y la alimentación de las comunidades Qom son una prioridad real.