Un pedido de información pública buscó conocer cómo se aplica la Ley 4197-G en el Chaco. La respuesta oficial mencionó tres municipios, omitió a General Pinedo, que también adhirió a la norma, y no informó qué funcionarios del Ejecutivo se realizaron los exámenes. En la Legislatura y el Poder Judicial también quedan preguntas pendientes.
Las leyes se aprueban, se publican y empiezan a formar parte de los discursos políticos. Pero hay una cuestión que debería ser mucho más sencilla: saber si se cumplen.
Eso es precisamente lo que todavía no queda claro con la Ley 4197-G, que establece exámenes toxicológicos obligatorios para los funcionarios comprendidos en la norma.
El 13 de septiembre se presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer qué funcionarios del Poder Ejecutivo se realizaron los estudios, qué medidas se adoptaron para aplicar la ley, qué municipios adhirieron y qué organismo tiene a su cargo el seguimiento.
La respuesta llegó el 5 de octubre. Sin embargo, dejó sin contestar varios de los puntos centrales.
Y hay un dato que llama la atención: mientras la contestación oficial menciona a Sáenz Peña, Resistencia y Charata, General Pinedo también adhirió a la ley y no aparece en el informe recibido.
La omisión obliga a revisar cómo se reunió la información y hasta dónde llegó el relevamiento provincial.
El Gobierno respondió sobre los municipios, pero no sobre sus funcionarios
La Subsecretaría de Municipios informó que Presidencia Roque Sáenz Peña adhirió mediante la Ordenanza 9420, mientras que Resistencia y Charata estaban en proceso administrativo de evaluación y adhesión.
Pero el pedido de información iba más allá de la situación municipal. También solicitaba conocer qué funcionarios del Ejecutivo provincial se habían realizado los exámenes toxicológicos y qué instrumento legal se había dictado para garantizar su cumplimiento.
Sobre esos puntos, la respuesta no aporta la información solicitada.
No dice cuántos funcionarios fueron examinados, cuándo comenzaron los controles ni qué documentación permite verificar su realización. Tampoco identifica con claridad un registro que reúna esos datos.
Esto no significa que los exámenes no se hayan realizado. Significa que, con la respuesta recibida, no es posible saberlo.
Y esa es justamente la cuestión que el Gobierno debería aclarar.
Si la ley establece una obligación para determinados funcionarios, la administración debe poder explicar cómo la aplica y quién controla que se cumpla. No alcanza con informar sobre las adhesiones municipales y dejar pendiente la situación de la propia estructura provincial.
General Pinedo no figura: ¿cómo se hizo el relevamiento?
La respuesta oficial adquiere otra dimensión cuando se la contrasta con la situación de General Pinedo, municipio que también adhirió a la Ley 4197-G.
El informe de la Subsecretaría de Municipios no lo menciona. Tampoco detalla qué localidades fueron consultadas ni cuántas respondieron.
La pregunta es inevitable: ¿se revisaron las ordenanzas de todos los municipios o se trabajó con la información que llegó desde algunas intendencias?
Si General Pinedo ya había formalizado su adhesión al momento de elaborarse la respuesta, corresponde explicar por qué quedó afuera. Y si existen otras localidades en la misma situación, el relevamiento debería actualizarse.
No es un detalle menor. La Secretaría de Municipios es precisamente el área a la que se acudió para conocer el panorama provincial.
La autonomía municipal explica que cada Concejo Deliberante deba resolver su adhesión. Lo que no explica es que una adhesión ya aprobada no aparezca en la información oficial.
Antes de dar por respondido el pedido, la Provincia debería revisar sus registros y aclarar cuántos municipios adhirieron realmente.
En la Legislatura tampoco se conoce el panorama completo
La falta de información no termina en el Ejecutivo.
En el Poder Legislativo tampoco se cuenta con información pública suficiente para establecer qué diputados se realizaron los exámenes previstos por la ley.
Hasta ahora, los nombres que aparecen vinculados públicamente con la realización de los controles son los de Salom y Guillón, autores de la iniciativa que dio origen a la norma.
Pero no hay datos suficientes para determinar si el resto de los legisladores cumplió con la obligación.
Eso no autoriza a afirmar que los demás no se hicieron los estudios. Lo que corresponde es preguntar por qué no se puede conocer el grado de cumplimiento.
¿La Cámara lleva un registro? ¿Quién verifica que los legisladores alcanzados por la ley realicen los exámenes? ¿Qué procedimiento se estableció para controlar su aplicación?
Son preguntas que deberían tener respuestas concretas, especialmente porque se trata de una norma que los propios representantes provinciales sancionaron.
Una ley no puede convertirse en una obligación para la sociedad mientras su aplicación dentro de las instituciones sigue sin poder comprobarse públicamente.
El Poder Judicial también debe aclarar cómo aplica la norma
En el ámbito judicial, la información disponible tampoco permite establecer cuántos funcionarios alcanzados por la ley realizaron los controles ni qué mecanismos se utilizan para verificar su cumplimiento.
Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que existió incumplimiento. Pero la falta de datos impide conocer la situación.
Corresponde entonces que las autoridades competentes expliquen qué procedimiento se adoptó, qué controles se realizaron y qué información institucional puede darse a conocer.
La independencia de poderes no impide que la ciudadanía pregunte cómo se cumplen las obligaciones legales. Cada institución tiene sus propias competencias, pero ninguna debería quedar al margen de la rendición de cuentas.
No se trata de publicar resultados médicos
Hay una diferencia importante que no debería perderse de vista: pedir información sobre el cumplimiento de una ley no significa exigir que se divulguen datos médicos personales.
Los resultados individuales deben recibir la protección correspondiente. Lo que la sociedad necesita conocer es cuántos funcionarios fueron examinados, qué organismo realizó los controles, qué mecanismos de seguimiento existen y cuál es el grado de cumplimiento.
Esa información permitiría saber si la norma se está aplicando sin exponer la intimidad de las personas.
Hoy, la respuesta recibida no ofrece ese panorama.
Una ley no se cumple solamente porque fue aprobada
El caso deja varias cuestiones pendientes. El Ejecutivo no informó en la contestación qué funcionarios se realizaron los exámenes; sobre la Legislatura no existe información pública suficiente para conocer la situación de todos sus integrantes; el panorama del Poder Judicial requiere aclaraciones y el relevamiento municipal omitió a General Pinedo.
La salida no es complicada: cada organismo debe informar sobre lo que le corresponde, identificar a los responsables de los controles y aportar datos verificables. La Secretaría de Municipios, además, debe explicar cómo confeccionó su listado y corregirlo si quedó incompleto.
No hace falta convertir estas preguntas en una acusación sin pruebas. Los documentos ya muestran algo concreto: la respuesta oficial no alcanza para conocer cómo se está cumpliendo la ley.
Y eso merece una explicación.
Porque una norma que establece controles para quienes ejercen funciones públicas también exige que el Estado pueda rendir cuentas sobre su aplicación.
La pregunta ya no es quién presentó la ley o quién la votó. Es quién controla que se cumpla y dónde están los datos que lo demuestran.
En el Chaco, la transparencia no debería terminar cuando se publica una ley. Debería empezar ahí.
