El concejal Cristian Pereyra eligió subirse a la bandera de la “Ficha Limpia” en General Pinedo, pero lo hizo de la peor manera: apuntando directamente contra el intendente sin una sola condena judicial que respalde sus afirmaciones.
No es transparencia, es oportunismo político.
Instalar sospechas, repetir denuncias y sugerir irregularidades sin sentencia firme no fortalece la democracia, la degrada. Porque en la Argentina —y también en el Chaco— rige un principio básico que Pereyra parece ignorar o decide pasar por alto: nadie es culpable hasta que la Justicia lo determine. Así lo establecen la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia del Chaco, que garantizan derechos políticos y el debido proceso.
Pero el problema no es solo lo que dice, sino lo que propone.
Impulsar una ordenanza de “Ficha Limpia” basada en denuncias o causas en trámite es abrir la puerta a la arbitrariedad. Es habilitar que cualquier dirigente pueda ser excluido por decisión política antes de que la Justicia hable. Es, en definitiva, convertir a los concejales en jueces.
Y eso no solo es irresponsable: es peligroso.
Pereyra debería saber que los municipios no pueden avanzar sobre derechos constitucionales ni redefinir por ordenanza quién puede o no puede ejercer cargos públicos en base a criterios subjetivos. Si lo sabe y aun así insiste, es grave. Si no lo sabe, es peor.
La lucha por la transparencia no se construye con discursos altisonantes ni con acusaciones sin respaldo judicial. Se construye respetando la ley, las instituciones y las garantías que protegen a todos, incluso a quienes hoy son blanco de ataques políticos.
Porque cuando la “Ficha Limpia” se usa como herramienta para ensuciar al otro sin pruebas firmes, deja de ser un valor republicano y pasa a ser, simplemente, una jugada de baja política.
