El viernes 24 de abril de 2026 se llevaron a cabo los alegatos de la acusación en el marco del juicio conocido como “caso Vergara”, en el que se investigan presuntos hechos de violencia institucional protagonizados por personal policial.
La audiencia comenzó a las 17 y debido a la extensión de las exposiciones, solo pudieron alegar la Fiscalía Adjunta en Derechos Humanos, a cargo de la Dra. Silvia Sluzar, y la querella particular, representada por el Dr. Ramiro Cabaña. En consecuencia, se dispuso un cuarto intermedio para que la defensa exponga sus conclusiones el próximo 8 de mayo.
Coincidencias clave entre Fiscalía y querella
Ambas partes coincidieron en que la reconstrucción de los hechos y el encuadre jurídico se encuentran plenamente acreditados, así como la responsabilidad penal de los imputados, marcando una postura unificada en torno a la gravedad del caso.
Imputaciones y pedidos de pena
En relación a Dante Gerzel, fue señalado como autor de apremios ilegales agravados por el uso de violencia en tres hechos. Según la acusación, habría utilizado gas pimienta de manera abusiva, provocando lesiones oculares a las víctimas, incluyendo conjuntivitis y un caso de glaucoma. La fiscalía solicitó 3 años de prisión condicional con inhabilitación, mientras que la querella pidió 4 años de prisión efectiva.
Respecto de Leonardo Villalobo, se lo acusó de haber golpeado con la culata de un arma a Daniel Vergara, provocándole una herida en el cuero cabelludo. La fiscalía requirió 3 años de prisión condicional y la querella elevó el pedido a 4 años de cumplimiento efectivo.
En tanto, para el oficial Luis Fernández y el comisario Alejandro Báez, tanto la fiscalía como la querella coincidieron en solicitar 5 años de prisión efectiva con inhabilitación especial. A Fernández se le atribuyeron múltiples hechos de apremios ilegales agravados y amenazas, incluyendo agresiones físicas y el uso de gas pimienta. A Báez se lo acusó de hechos similares, sumando la presunta sustracción de un teléfono celular para eliminar pruebas audiovisuales.
Amenazas y presiones
Durante los alegatos se expuso que, ya en la comisaría, las víctimas habrían sido aisladas y amenazadas. Testimonios incorporados al juicio dieron cuenta de frases intimidatorias como: “El pueblo es chico”, “Sabemos que hicimos mal las cosas” y “Si no denuncian les devolvemos la mercadería”.
Dudas sobre el operativo
La acusación también cuestionó la versión oficial brindada por el comisario Báez. El procedimiento habría sido justificado como un control vinculado a la ley de bosques, aunque —según se remarcó— no existieron actuaciones posteriores ni comunicación con organismos competentes, lo que pone en duda la legalidad del operativo.
Gravedad de los hechos
Otro de los puntos destacados fue el contexto en el que ocurrieron los hechos. Las víctimas habrían sido retenidas durante la madrugada, entre la 1:15 y las 3:15, en un tramo de la ruta entre Quitilipi y Machagai, permaneciendo incluso tendidas en el suelo por más de media hora bajo custodia policial.
Además, se subrayaron las secuelas sufridas, entre ellas la incapacidad permanente en la mano derecha de Daniel Vergara, lo que refuerza el peso de los pedidos de condena.
Lo que viene
La defensa presentará sus alegatos el 8 de mayo a las 11. Luego de esa instancia, el tribunal estará en condiciones de dictar sentencia en un caso que vuelve a poner en debate los límites del accionar policial y la responsabilidad del Estado frente a hechos de violencia institucional.
