En la etapa final del juicio oral que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el Ministerio Público Fiscal presentó sus alegatos y solicitó penas de hasta 13 años de prisión para el dirigente social Ramón “Tito” López y su esposa, además de 12 años para sus hijos, al considerarlos parte de un esquema de lavado de dinero agravado.
El fiscal general federal Federico Carniel sostuvo que los imputados habrían actuado como coautores dentro de una asociación ilícita, y pidió también sanciones económicas equivalentes al doble del monto involucrado, junto con el decomiso de los bienes vinculados a las maniobras investigadas.
Un esquema para canalizar recursos del Estado
Durante su exposición, el fiscal describió una estructura organizada que, según la acusación, tenía como objetivo apropiarse de fondos públicos mediante el uso de fundaciones y cooperativas que funcionaban como intermediarias para captar recursos que no habrían sido destinados a los fines previstos.
Asimismo, señaló una segunda línea de irregularidades vinculadas a la asignación de tierras fiscales, que luego habrían sido utilizadas con fines comerciales a través de terceros, pese a las limitaciones legales existentes.
En ese marco, Carniel remarcó que el incremento patrimonial de los acusados resultaría desproporcionado en relación con sus ingresos declarados, al detallar la adquisición de propiedades, vehículos, ganado y la realización de diversas operaciones económicas en períodos breves.
“Se apropiaron de los recursos”
Uno de los pasajes más contundentes del alegato fue cuando el fiscal vinculó directamente el supuesto enriquecimiento con el manejo de fondos destinados a sectores vulnerables.
“No hay dudas de que la actividad que desarrollaba como dirigente social estaba orientada a beneficiar a su entorno familiar, con la colaboración de funcionarios”, expresó. Y añadió: “Esos recursos, en lugar de llegar a quienes los necesitaban, quedaron en su poder”.
Agravantes: uso de estructuras sociales y perjuicio al Estado
La fiscalía hizo hincapié en distintos factores agravantes que, a su criterio, justifican la magnitud de las penas solicitadas. Entre ellos, mencionó la utilización de organizaciones sociales como mecanismo para acceder a financiamiento estatal.
También incluyó como agravante la presunta utilización de personas en situación de vulnerabilidad para sostener reclamos, sin que estas obtuvieran beneficios reales.
Otro punto destacado fue el impacto económico de las maniobras, subrayando que los fondos involucrados pertenecen al Estado. “Se trata de recursos públicos, aportados por todos los ciudadanos”, indicó, remarcando que su destino original incrementa la gravedad de los hechos investigados.
Las penas requeridas
El Ministerio Público solicitó las siguientes condenas: Ramón “Tito” López: 13 años de prisión por lavado de activos agravado/ Librada Romero: 13 años de prisión por lavado agravado en asociación /David Orlando López: 12 años de prisión /Walter Ramón López: 12 años de prisión /Daniel Orlando López: 12 años de prisión.
En todos los casos, también se requirió el decomiso de bienes y la aplicación de multas.
El próximo 6 de mayo será el turno de los alegatos de la defensa, encabezada por el abogado Marcelino Leiva, quien adelantó que pedirá la absolución de todos los acusados.
