Un informe de la Secretaría de Municipios habría reconocido a Presidencia Roque Sáenz Peña como la única comuna adherida a la ley vinculada con la prevención del consumo problemático de sustancias. Sin embargo, una verificación de Sin Filtro permitió corroborar que General Pinedo y Charata estuvieron entre las primeras localidades en adherir. La diferencia expone fallas de información y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se controla realmente el cumplimiento de las leyes o todo queda en los discursos?

Hay dirigentes que recorren los pueblos, levantan la bandera de la Ficha Limpia y hablan de transparencia como una obligación de la política. Sin embargo, cuando se trata de cumplir y hacer cumplir otras normas, aparecen las demoras y las contradicciones. Y esta vez, el problema no está solamente en los municipios: también alcanza a la información que maneja el propio Gobierno provincial.

Según el informe de la Secretaría de Municipios, Presidencia Roque Sáenz Peña sería la única localidad adherida a la ley vinculada con la prevención del consumo problemático de sustancias. Pero la revisión realizada por Sin Filtro permitió corroborar que General Pinedo y Charata estuvieron entre los primeros municipios en adherir a la normativa.

La diferencia no es un detalle menor. Si esas adhesiones ya existían, ¿por qué no aparecen reflejadas en el informe oficial? ¿Falta coordinación entre los municipios y la Provincia o el organismo encargado de reunir los datos trabaja con información incompleta?

La Secretaría de Municipios debería aclararlo y, si corresponde, corregir sus registros. Porque una cosa es que una comuna todavía no haya adherido y otra muy distinta es que el Estado desconozca una decisión que ya fue tomada.

Resistencia todavía tiene que dar explicaciones

En el caso de la capital chaqueña, la información conocida indica que el municipio estaría evaluando la aplicación de la ley. La pregunta es cuánto tiempo más llevará ese análisis y qué aspectos impiden avanzar.

La discusión cobra mayor relevancia frente a los procedimientos contra el narcotráfico y el narcomenudeo que llevan adelante las fuerzas de seguridad y la Justicia provincial y federal. Los secuestros de droga muestran la magnitud de un problema que no se resuelve únicamente con operativos: también exige prevención, atención y decisiones políticas sostenidas.

En ese contexto, corresponde preguntar qué medidas adoptó Resistencia y cuál es la posición del Concejo Municipal respecto de los controles contemplados en la normativa para quienes ejercen funciones públicas.

No se trata de señalar a funcionarios sin pruebas ni de instalar sospechas sobre personas determinadas. Se trata de conocer qué se resolvió, qué falta hacer y quién debe garantizar que la ley se cumpla.

Los legisladores también deben aclarar su situación

Otro interrogante sigue abierto: ¿se realizaron la presidenta de la Cámara de Diputados y los legisladores los exámenes previstos por la ley que aprobaron? Hasta contar con información oficial, no corresponde afirmar que los controles no se hicieron, pero tampoco debería ser difícil conocer el estado de su cumplimiento.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se aplica una norma que alcanza a funcionarios públicos. Eso incluye conocer los procedimientos, las constancias de cumplimiento y el organismo responsable de fiscalizarlos, siempre dentro de los límites legales de privacidad.

Aprobar una ley y después no informar qué ocurrió con su aplicación alimenta la desconfianza. Y si existen mecanismos de control, deben funcionar sin distinciones partidarias ni privilegios.

La transparencia se demuestra con hechos

El consumo problemático de sustancias demanda recursos, equipos profesionales y políticas de largo plazo. Por eso, además de los controles que establece la legislación, resulta indispensable conocer cómo se utilizan los fondos públicos destinados a la prevención y la asistencia, y qué resultados producen esas políticas.

La contradicción que surge del informe provincial merece una respuesta concreta. General Pinedo y Charata aparecen como antecedentes que no coincidirían con los datos atribuidos a la Secretaría de Municipios. Resistencia, por su parte, todavía estaría evaluando cómo avanzar. Son situaciones distintas, pero todas requieren información clara y verificable.

Los dirigentes que reclaman transparencia tienen la oportunidad de demostrar que no se trata solamente de una consigna para cuestionar al adversario. Y los organismos públicos deben garantizar que sus informes reflejen la realidad, no una fotografía incompleta de ella.

La ciudadanía no pide favores ni explicaciones de ocasión. Exige que las leyes se cumplan, que los funcionarios rindan cuentas y que el Estado informe con precisión. Porque reclamar Ficha Limpia frente a una cámara puede resultar sencillo; demostrar transparencia desde la propia gestión es una obligación mucho más concreta.