Las auditorías revelaron que había expedientes con graves irregularidades. Se detectó que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”, sostienen los funcionarios.
El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares.
Las nuevas autoridades del área, que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”.
Las irregularidades derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- y fuera realizada por el Director Ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el Fiscal Federal, Dr. Guillermo Marijuan.
A su vez en la Provincia del Chaco, las investigaciones comenzaron en la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y datan desde el año 2021 comenzando con la Localidad de Enrique Urien donde al igual que en la localidad de Taco Pozo se observó que existirían una gran cantidad de beneficiarios de pensiones no contributivas superando holgadamente la media nacional e incluso la media provincial.
En los primeros meses de gestión del gobierno de Javier Milei, llegaron al Chaco un grupo de agentes de la Agencia Nacional de Discapacidad donde relevaron un gran número de expedientes detectando graves irregularidades lo que desembocó en la quita de un importante número de pensiones pero aclarando que las auditorías continuarían.
No es menos destacar que aparte de la intervención de profesionales de la salud que fraguarían historias clínicas, como el suministro de estudios, informes socio ambientales, etc., que no coinciden con la realidad sumado a la intervención de funcionarios municipales, no se descarta que se aceleren las imputaciones e incluso se sumarían más procesamientos.
En el Chaco no es nuevo el tener pensión por discapacidad y estar en perfecto estado de aptitud laboral, prueba de ello es el caso de la Intendente Liliana Del Carmen Pascua que recibió un revés de la Cámara Federal de Apelaciones, solicitando al Juez Federal Subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña que emita un nuevo fallo por la razón que la misma Cámara da por probado que existen elementos facticos de que la Intendente cobró una de estas pensiones al comienzo de su mandato y posteriormente renunció.
Fuente Judiciales informaron que a la brevedad se elevaría una nuevo procesamiento y al no haber mucho que aclarar sobre la elevación a Juicio aparte de lo que pueda resolver la Fiscal de Cámara de la ciudad de Villa Ángela, que cuenta con el expediente de la procesada Pascua que fuera remitido hace más de medio año, contando con investigaciones realizadas por el Equipo Fiscal integrado por los tres Agentes Fiscales penales de la III circunscripción Judicial de la Provincia del Chaco, los Dres. Rios, Oñuk y Rinaldi, algo que no se tendría que demorar pero lo están haciendo, desconociéndose los motivos de la misma puesto que ya estarían casi todas las cuestiones resueltas solo faltaría la elevación a juicio.
