Para el tribunal, el beneficio no es automático para los mayores de 70 años.
El 11 de julio pasado, Raúl Guglielminetti les dio a los diputados oficialistas que lo habían ido a ver un sobre. Una de las legisladoras contó que contenía propuestas para que los represores presos pudieran acceder a la prisión domiciliaria. Guglielminetti no cejó en sus intentos para irse a casa, pero la Cámara Federal de Casación Penal volvió a rechazar su pedido.
Guglielminetti tiene varias condenas a prisión perpetua en su haber. Durante los años ‘70 integró el Batallón de Inteligencia 601. Actuó en Automotores Orletti –el centro clandestino de detención que regenteaba la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)--, en Campo de Mayo, en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y en Neuquén. Su nombre causó un verdadero escándalo en los primeros meses de retornada la democracia cuando se lo reconoció en una foto como custodio del presidente Raúl Alfonsín.
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Guglielminetti viene pidiendo volver a su casa. Su esposa, que funcionaría como garante, está de acuerdo. Él argumenta que tiene 83 años y que la “vejez” es causal autónoma para el otorgamiento del beneficio. No aduce tener dolencias que no puedan tratarse en el penal de Ezeiza, donde está detenido.
La defensa de Guglielminetti planteó que lo amparan los derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y afirmó que está próximo a cumplir los 25 años de prisión rigurosa. La Unidad 31 de Ezeiza –que actualmente se llama Complejo Penitenciario VII– se pronunció a favor de que le concedan el arresto domiciliario al represor.
Los grupos de defensa de los criminales de la dictadura vienen hace tiempo invocando la convención interamericana. Lo hicieron ante la Cámara Federal de Casación un día después de que asumió Javier Milei cuando pidieron que el tribunal celebrara un acuerdo plenario para fijar una postura frente al arresto domiciliario para mayores de 70 años.
Volvieron a plantearlo a fin del año pasado, cuando –fórum shopping mediante– acudieron a la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires para presentar un hábeas corpus en favor de los detenidos de lesa en todo el país. Según la postura de las organizaciones de “memoria completa” se incumplía con la convención al mantener a los represores mayores de 70 dentro de las cárceles.
Por el momento, Guglielminetti no tuvo éxito. No logró conmover a quienes integran la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos se inclinaron por confirmar la decisión que había adoptado en noviembre pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó la petición del represor.
El argumento central de la Casación es que no se concede la prisión domiciliaria automáticamente a los 70 años, algo que los grupos pro-represores también quisieron abordar con un proyecto de ley que salió a la luz después de la visita al penal de Ezeiza.
“Como se sostuvo -con apoyo en la jurisprudencia invocada- la sola circunstancia de que el condenado cumpla con la edad requerida por la normativa citada por la parte no autoriza a disponer en forma automática la morigeración de su encierro, mientras que el Estado se halle en condiciones de atender convenientemente su salud en la unidad donde se encuentra alojado y no se demuestre una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva”, escribió Carbajo, que lideró el acuerdo.
“Tanto el otorgamiento como el rechazo de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no resulta de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que debe estar precedida de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades que presente cada caso que llega a conocimiento de los tribunales competentes”, añadió Hornos.
Borinsky, por su lado, dijo que debía considerarse la opinión de las víctimas que rechazaron que se le concediera el beneficio del arresto domiciliario al igual que el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en este caso fue representada por Nicolás Tauber Sanz, uno de los abogados a quienes Alberto Baños les prohibió el ingreso a su lugar de trabajo en la exESMA.
Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay 615 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad. De ellas, 498 están en arresto domiciliario –lo que muestra lo extendido que está el beneficio.
En los últimos días, la diputada libertaria Lilia Lemoine resucitó la discusión sobre las condiciones de detención de los presos de lesa humanidad. Lemoine suele funcionar como un alter ego de los hermanos Karina y Javier Milei y estuvo incluida en los chats de amigos de represores que se armaron alrededor del cura Javier Olivera Ravasi. En un streaming, Lemoine sostuvo que el cónclave que mantuvieron sus colegas con Alfredo Astiz, Guglielminetti y compañía había sido una "visita humanitaria" porque tenían información de que había algunos de ellos que estaban siendo "torturados". Una de las visitantes, la diputada Lourdes Arrieta, le salió al cruce y habló de condiciones VIP de reclusión.
