La fallida designación del Fiscal Nº 1 en Presidencia Roque Sáenz Peña dejó al descubierto un conflicto institucional que compromete al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco y al Ministerio Público Fiscal del Chaco. Un fiscal provisorio que no habría alcanzado la excelencia en el concurso continúa en funciones mientras crecen las sospechas y los cuestionamientos.
las Fiscalías Nº 1 y Nº 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña transcurrió bajo el procedimiento habitual: examen escrito, instancia oral y evaluación ante una mesa examinadora previamente designada, lo que garantiza la posibilidad de impugnaciones y transparencia en el proceso.
Sin embargo, tras las evaluaciones, el proceso quedó envuelto en polémica. Según trascendió, uno de los postulantes que actualmente se desempeña como Fiscal Provisorio —se trata del fiscal Collado, a cargo de la Fiscalía Nº 1— no habría alcanzado el estándar de excelencia requerido para avanzar en el concurso. Es decir, la mesa examinadora lo habría desaprobado.
La situación generó un fuerte malestar entre otros concursantes que sí habrían superado el umbral exigido. Algunos abogados solicitaron que, ante el resultado adverso, el fiscal provisorio sea removido del cargo hasta tanto se designe formalmente al titular mediante el procedimiento constitucional correspondiente.
Aquí radica el núcleo del conflicto: la figura del Fiscal Provisorio no exige concurso previo para su designación y, en la práctica, goza de las mismas garantías funcionales que un fiscal titular, incluida la estabilidad, que solo puede ser removida a través de un jury de enjuiciamiento.
Las críticas apuntan a una contradicción evidente: si el órgano evaluador determinó —según la denuncia— que el funcionario no demostró idoneidad jurídica, conocimientos técnicos ni solvencia argumentativa suficiente, ¿cómo se justifica su permanencia en un cargo que implica decidir sobre la libertad de los ciudadanos?
El interrogante también alcanza al Procurador General, Jorge Canteros, como cabeza del Ministerio Público. ¿Se evaluó internamente la situación? ¿Se revisó la continuidad de quien, de acuerdo a lo expuesto, no habría superado el estándar técnico exigido para oficializar el cargo que hoy ocupa de manera provisoria?
En una ciudad como Sáenz Peña, donde la credibilidad del sistema judicial suele estar bajo debate público, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la transparencia en los procesos de selección y el alcance real de los controles institucionales.
Mientras tanto, el concurso quedó desierto y la pregunta persiste en los pasillos judiciales y en la calle: ¿se anuló el examen por irregularidades formales o para evitar consecuencias políticas?
El desenlace de este conflicto no solo definirá un cargo. También pondrá a prueba la solidez institucional del sistema judicial chaqueño y la confianza de los ciudadanos en quienes administran justicia.
