El pedido de Juicio Político contra el fiscal subrogante Collado tiene un protagonista central: el Dr. Olliveri. Su presentación no solo cuestiona la idoneidad del funcionario, sino que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la independencia judicial y el rol del Consejo de la Magistratura en la provincia.
En medio del clima de tensión institucional que atraviesa Presidencia Roque Sáenz Peña, el nombre que resuena con fuerza es el del Dr. Olliveri. Abogado del foro local, su decisión de impulsar un pedido de Juicio Político contra el fiscal subrogante Collado no es un gesto menor: implica desafiar abiertamente el funcionamiento interno del sistema judicial y exigir que se revisen los estándares de idoneidad para ocupar cargos clave.
Olliveri sostiene que la cuestión no es personal ni política, sino estrictamente técnica y legal.
El planteo se centra en la inhabilidad del actual fiscal para ejercer el cargo, recordando que en el concurso correspondiente habría obtenido un resultado negativo en el examen. Para el letrado, no se trata de una anécdota académica, sino de un dato determinante que afecta la confianza pública.
El abogado remarca que la ciudadanía necesita garantías concretas de que quien encabeza una fiscalía actuará con firmeza, solvencia jurídica y apego irrestricto a derecho. En ese sentido, su presentación busca —según afirma— preservar la calidad institucional y no erosionarla.
El expediente no puede analizarse aisladamente. En el acta Nº 1298 del 9 de diciembre de 2025, el Consejo de la Magistratura dejó constancia de observaciones formales hacia el fiscal Collado por el contenido de un correo electrónico considerado inapropiado para quien aspire o ejerza funciones en la magistratura. Aquella actuación fue remitida a la Procuración General, aunque hasta ahora no hubo un pronunciamiento público.
Es en este escenario donde Olliveri aparece como un actor que interpela directamente al sistema. Su condición de abogado del foro y conocedor de los mecanismos internos le otorga un peso específico a la denuncia. No es un reclamo aislado en redes sociales ni una crítica mediática: es una acción formal que obliga a las instituciones a responder.
La discusión también desnuda tensiones políticas dentro del Consejo de la Magistratura y en la Legislatura Provincial, donde algunas decisiones fueron cuestionadas por falta de fundamentos explícitos. Sin embargo, el eje del debate sigue siendo la presentación impulsada por Olliveri y la necesidad de determinar si existen condiciones objetivas para que el fiscal continúe en funciones.
Para algunos sectores, el abogado encarna la defensa de la institucionalidad; para otros, su iniciativa incomoda equilibrios construidos durante años. Lo cierto es que su accionar obligó a reabrir un debate que muchos preferían mantener en silencio.
La pregunta ya no es solo qué pasará con el fiscal, sino qué hará el sistema frente a un planteo que exige coherencia entre discurso y práctica. Si la Justicia debe ser independiente, también debe demostrar que sus propios integrantes cumplen con los estándares que exigen a los demás.
Y en esa pulseada, el Dr. Olliveri decidió no quedarse al margen.
