Colegios de abogados de distintas jurisdicciones promovieron acciones judiciales contra la Ley de Modernización Laboral y pidieron suspender artículos que afectan el régimen de honorarios y la imposición de costas a los letrados. Advirtieron que las normas “introducen mecanismos que afectan el cobro íntegro y oportuno de los honorarios profesionales y trasladan al abogado riesgos patrimoniales derivados del proceso judicial”.
Se multiplican las presentaciones judiciales contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En los últimos días, distintos colegios de abogados de todo el país acudieron a la Justicia federal para cuestionar la validez de las modificaciones introducidas en la Ley de Contrato de Trabajo, en particular aquellas que inciden sobre el régimen de honorarios profesionales.
Una de las acciones fue promovida en la causa “Colegio de Abogados de Villa Maria c/ EN s/ Medida Cautelar (Autónoma)” por un grupo de 29 Colegios de Abogados de todo el país presentó una cautelar para frenar cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que, según denuncian, afectan directamente el cobro de honorarios profesionales.
El expediente recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 4, a cargo de la jueza Rita María Ailán. donde los demandantes solicitaron el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de los artículos cuestionados hasta tanto se dicte sentencia definitiva y apunta contra los artículos 20 y 277 de la norma, recientemente modificados por la llamada Ley de Modernización Laboral.
En paralelo, los actores pidieron que la cautelar sea acumulada, por razones de conexidad, con la causa “Asociacion Gremial de Abogados del Estado c/ EN - Orden del Dia 699/25 s/ Proceso de Conocimiento”, en trámite ante el Juzgado N° 11 del mismo fuero, donde también se discute la constitucionalidad de la reforma
Según surge de la demanda encabezada por el Colegio de Abogados de Villa María, la presentación reúne a una amplia cantidad de colegios profesionales de distintas jurisdicciones del país. En las primeras páginas del escrito se identifican entidades de Córdoba, Río Negro, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, Tierra del Fuego y otras provincias, que comparecen a través de sus autoridades en defensa de intereses colectivos vinculados al ejercicio de la abogacía.
Los colegios cuestionan la incorporación de la figura de la pluspetición inexcusable, que prevé la imposición solidaria de costas al trabajador y a su letrado “en caso de sobreestimación de créditos”. Sostienen que el sistema vigente ya cuenta con herramientas suficientes para sancionar conductas abusivas, por lo que la reforma introduce un esquema redundante que “desplaza indebidamente el riesgo del litigio hacia el abogado patrocinante"
El eje del planteo está puesto en el impacto directo sobre el régimen de honorarios. En ese sentido, se afirma que las disposiciones cuestionadas “inciden directamente sobre el régimen de percepción de honorarios profesionales en el proceso laboral, introduciendo mecanismos que afectan su percepción íntegra y oportuna y alteran sustancialmente las condiciones en que los abogados ejercen su actividad profesional”.
Los colegios cuestionan la incorporación de la figura de la pluspetición inexcusable, que prevé la imposición solidaria de costas al trabajador y a su letrado “en caso de sobreestimación de créditos”. Sostienen que el sistema vigente ya cuenta con herramientas suficientes para sancionar conductas abusivas, por lo que la reforma introduce un esquema redundante que “desplaza indebidamente el riesgo del litigio hacia el abogado patrocinante”.
En particular, se sostiene que las restricciones al cobro de honorarios pueden implicar “una afectación directa del derecho de propiedad cuando generan una reducción efectiva de la retribución profesional”, recordando además el carácter alimentario de esos créditos.
El escrito agrega que este nuevo régimen “no sólo resulta redundante, sino que además genera un efecto disuasivo respecto del ejercicio pleno de la defensa técnica, en tanto expone al profesional a riesgos patrimoniales derivados del contenido de la pretensión deducida en juicio”.
También se destaca que las normas impugnadas afectan garantías constitucionales básicas. En particular, se sostiene que las restricciones al cobro de honorarios pueden implicar “una afectación directa del derecho de propiedad cuando generan una reducción efectiva de la retribución profesional”, recordando además el carácter alimentario de esos créditos.
En relación con el peligro en la demora, los actores advierten que la aplicación inmediata de la reforma puede generar consecuencias irreversibles. Según el texto, el nuevo esquema implica que los abogados “se verán sometidos a un sistema que altera sustancialmente las condiciones de percepción de sus honorarios profesionales y que introduce un régimen de responsabilidad vinculado con la formulación de las pretensiones deducidas en juicio”.
A ello se suma -según la demanda- que la vigencia de las normas cuestionadas “genera un escenario de incertidumbre para los propios justiciables”, lo que trasciende el interés individual de los profesionales y proyecta efectos sobre el funcionamiento general del sistema de justicia.
Los colegios cuestionan la constitucionalidad de los artículos al considerar que “avanzan sobre materias que, por su naturaleza, integran el ámbito propio del derecho procesal, tales como la regulación de las costas del proceso, las consecuencias jurídicas de la conducta procesal de las partes y las sanciones vinculadas con la formulación de pretensiones procesales, y esas cuestiones son de competencia exclusiva de las provincias”.
