El diputado Nacional gestionó una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación junto a empresarios del interior y legisladores nacionales para buscar una salida a la crisis del transporte turístico. Alertan que la renovación obligatoria de unidades pone en riesgo servicios, empleos y la actividad turística en numerosas provincias.
En un contexto económico cada vez más complejo para las empresas de transporte y turismo del interior argentino, el diputado nacional Carlos García tomó intervención directa en una problemática que amenaza no solo la continuidad de numerosas firmas, sino también el movimiento turístico regional y cientos de puestos de trabajo.
A partir de gestiones impulsadas por el legislador, diez transportistas de distintas provincias fueron recibidos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en una reunión coordinada junto al diputado nacional Aníbal Tortoriello. Allí expusieron la situación crítica que atraviesa el sector debido a las exigencias de renovación de unidades y los elevados costos que hoy enfrenta la actividad.
El eje principal del reclamo estuvo centrado en las unidades modelo 2012, próximas a alcanzar el límite permitido de circulación. Los empresarios solicitaron una prórroga excepcional de un año para esas unidades y, además, el diputado García planteó formalmente ante las autoridades de Transporte la necesidad de modificar el régimen vigente para extender de 13 a 15 años el período habilitado de uso.
La preocupación del sector no es menor. Según explicaron durante el encuentro, renovar una sola unidad implica actualmente una inversión cercana a los 30 mil dólares anuales, cifra prácticamente imposible de afrontar para muchas pequeñas y medianas empresas del interior que todavía intentan recuperarse de años de crisis económica, caída de pasajeros y aumento constante de costos operativos.
Pero el impacto no se limita únicamente a las empresas. La situación también amenaza directamente al turismo regional, especialmente en provincias donde el transporte terrestre es fundamental para movilizar contingentes estudiantiles, excursiones, viajes recreativos y actividades turísticas internas.
Muchos destinos del norte argentino dependen en gran parte de estos servicios para sostener el flujo de visitantes durante fines de semana largos, temporadas vacacionales y eventos regionales. La eventual salida de circulación de numerosas unidades podría traducirse en menos conectividad, reducción de servicios y un encarecimiento de los viajes, golpeando de lleno a economías locales que viven del turismo.
Desde el sector remarcan que detrás de cada empresa hay una importante cadena de trabajo que involucra choferes, mecánicos, personal administrativo, hotelería, gastronomía y comercios vinculados a la actividad turística. Por eso sostienen que la discusión excede una cuestión meramente técnica o administrativa y se transforma en un tema económico y social de gran impacto para las provincias.
En ese marco, destacaron el rol activo del diputado García, quien no solo facilitó el encuentro con autoridades nacionales, sino que además acompañó el reclamo y visibilizó una problemática que muchas veces queda relegada frente a las discusiones políticas nacionales.
“Para nosotros, contar con esos dos años adicionales significaría un alivio enorme y permitiría sostener el servicio mientras atravesamos esta situación económica tan difícil”, expresaron representantes del sector tras la reunión.
La expectativa ahora está puesta en una posible respuesta de las autoridades nacionales de Transporte. Mientras tanto, empresarios y trabajadores coinciden en que una flexibilización del régimen permitiría preservar fuentes laborales, garantizar la continuidad de los servicios y evitar un nuevo golpe para el turismo regional, una actividad que en muchas provincias sigue siendo uno de los principales motores de la economía local.
