Más allá de las Elecciones Nacionales, a nivel Provincial se avecina un acontecimiento de igual o quizás mayor trascendencia Institucional: el Cónclave para designar un Ministro del Superior Tribunal de Justicia.
La cita está programada para el lunes 23 de octubre de 2023, un día en que se definirá el futuro de una de las máximas autoridades del Poder Judicial de nuestra provincia. Sin embargo, una serie de interrogantes sobrevuelan este proceso que debemos abordar.
La participación ciudadana es un punto de cuestionamiento constante. En elecciones anteriores, un ex diputado intentó ejercer su voto negativo sobre un candidato, solo para ser recordado que los verdaderos decisores son los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Esto plantea la cuestión de si, en realidad, el proceso es representativo y si las voces de la ciudadanía son tomadas en cuenta.
La transparencia en la designación de Funcionarios Judiciales es esencial. En los corrillos judiciales, escuchamos rumores sobre votos asegurados por favores y la influencia de diversas facciones políticas. ¿Se toman en cuenta los planes de gobierno presentados por los candidatos, su experiencia tanto dentro del poder judicial como en el ejercicio de su profesión, y los fallos que han logrado a lo largo de sus carreras? ¿O es simplemente un acto de fachada que busca legitimar acuerdos políticos?
Además, es imperativo evaluar el impacto en Municipios de Segunda y Tercera categoría, donde los intendentes ejercen un control significativo sobre la Policía y donde la Justicia es el último garante de los derechos ciudadanos. ¿Se corre el riesgo de politizar la justicia en estas circunstancias?
En estos tiempos, hemos sido testigos de un show de medidas cautelares y anti cautelares que parecen haberse dictado, en ocasiones, sin suficiente razonabilidad en las decisiones. La imparcialidad es clave para mantener la confianza en el sistema judicial.
No podemos permitir que los jueces seleccionados respondan a intereses políticos, ni que sean ex funcionarios de otros estamentos claramente identificados con una facción política.
También es fundamental que los candidatos sean evaluados en función de su experiencia y carrera judicial, así también por su capacidad para abordar temas cruciales, como los derechos humanos, la violencia de género y la gestión de manifestaciones de protesta que afectan las vías de comunicación.
Los fallos que emiten en estos ámbitos son una manifestación de su compromiso con la Justicia y los derechos fundamentales de nuestra sociedad.
En resumen, el proceso de selección de un ministro del Superior Tribunal de Justicia debe ser transparente, imparcial y basado en la experiencia y la integridad de los candidatos.
La justicia es la piedra angular de nuestra democracia y debe permanecer libre de influencias políticas y económicas. Esperamos que este Cónclave refleje estos valores y proteja los intereses de la ciudadanía de la provincia del Chaco.
