La supuesta “prolijidad financiera” que pregona el Gobierno provincial vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez, por un nuevo incumplimiento en los pagos que terminó costándole a las arcas públicas más de 21 millones de pesos solo en intereses por mora.
A través del Decreto Nº 1034/2026, la Provincia autorizó la cancelación de una deuda en concepto de intereses moratorios por pagos fuera de término vinculados a la adquisición de un inmueble, operación que había sido instrumentada mediante Fiduciaria del Norte S.A. y el Fondo Fiduciario de Pasivos del Banco del Chaco S.E.M. en liquidación.
El monto que debió desembolsarse asciende exactamente a $21.522.143,15, cifra que surge como consecuencia directa de atrasos en los pagos asumidos por el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.
Según consta en el Decreto Nº 1301/25, el Gobierno había aprobado el Convenio de Cancelación de Deuda y Efectivización del Proceso de Escrituración firmado el 29 de noviembre de 2024 entre Fiduciaria del Norte S.A. y la cartera provincial. Sin embargo, los compromisos asumidos no fueron cumplidos en tiempo y forma.
Los incumplimientos se extendieron desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 12 de septiembre de 2025, situación que derivó en el reclamo formal del fiduciante y, finalmente, en el reconocimiento y pago de los intereses punitorios.
El dato político y económico no es menor: mientras el discurso oficial insiste en mostrar una administración ordenada y equilibrada, los propios decretos evidencian demoras, incumplimientos y costos financieros millonarios que terminan pagando todos los chaqueños.
Y este no sería un caso aislado. La acumulación de pagos fuera de término y obligaciones regularizadas mediante decretos expone una situación financiera mucho más frágil de la que públicamente se intenta mostrar. Porque cuando hasta el propio Banco del Chaco le cobra intereses al Gobierno provincial, queda claro que las cuentas no están tan acomodadas como se declama.
