El titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, Abel Córdoba, solicitó ayer penas de 5 años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa, y otras penas para otros diez funcionarios o empresarios imputados en el marco del juicio por el denominado caso Skanska donde se juzgan hechos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional y cohecho en relación a la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006.
Los pedidos de pena para 13 de los 30 acusados que llegaron elevados a juicios, fueron formulados por el fiscal general Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset, en lo que fue la última de las tres jornadas del alegato que el Ministerio Público Fiscal inició el 25 de agosto pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La fiscalía dio por acreditada la responsabilidad del exministro De Vido, del exsecretario López y el exgerente general Ulloa en los hechos abordados y requirió que los tres sean condenados por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores. Además de solicitar para ellos la pena más alta -5 años de prisión-, pidió que sean sancionados con una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y que sean decomisados activos cautelados que forman parte de la causa.
Asimismo, pidió también la pena de 4 años y 6 meses para los siguientes directivos y gerentes de la empresa Skanska: Mario Alberto Piantoni, Gustavo Ángel Vago, Javier Azcárate, Eduardo Pedro Varni, Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero y Roberto Antonio Zareba. Córdoba solicitó que todos ellos sean condenados por los delitos de cohecho activo, en calidad de coautores y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de partícipes necesarios.
En este marco, el fiscal general Córdoba solicitó también penas de 4 años para el contador Alfredo Norberto Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group, Adrián Félix López, por ser considerados responsables del delito de cohecho activo, en calidad de coautores.
Por otra parte, al considerar que no fueron acreditada su responsabilidad en los hechos, la fiscalía requirió la absolución para los otros 17 imputados: Ignacio Vicente De Uribelarrea, Rubén Horacio Gueler, Claudio Alejandro Moretto, Pedro Ubaldo Carrozzo, Raúl Nicolás Orsini, Renato Francisco Cecchi, Walter Domingo Cecchi, Danimirio Alejandro Kovacik, Daniel Roberto Nodar, Estela Lucía Insenga, Miguel Ángel Spital, Juan Cruz Ferrari, Jorge Norberto Roldán, Alejandro Rubén Tettamanti, Blas Luis Antonio Pierotti, Jorge Raúl Butti y Enrique Félix Rubinsztain.
El fiscal general Abel Córdoba durante su alegato. Foto: captura plataforma Zoom
La fiscalía dio por probado que, en el período abarcado, se pagaron dádivas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que incluía la construcción de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de comprensión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora.
Para los representantes del MPF, funcionó un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio del direccionamientos discrecionales de obras a determinadas empresas. De esta manera, el alegato dio por acreditado que los pagos fueron concretados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo y para justificar esos pagos y darle un aparente marco legal, Skanska simuló operaciones comerciales con otra 23 empresas.
Tras la finalización del petitorio, el tribunal integrado por jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel y la jueza María Gabriela López Iñiguez, dispuso de un cuarto intermedio hasta el próximo 9 de octubre, cuando iniciaran los alegatos de las defensas.
Skanska, un "acuerdo criminal" entre funcionarios y empresarios
En la primera parte de su alegato -realizada el pasado 25 agosto-, Córdoba sostuvo que en el caso se encuentra "acreditado que se materializó un acuerdo criminal entre altos funcionarios del Estado nacional por entonces, a nivel ministerial y secretariado, por mencionar a los más encumbrados, y personal directivo de la empresa Skanska para la adjudicación de las obras de ampliación de gasoductos norte, en caso de TGN, y sur TGS”.
Asimismo, el fiscal general exhibió en una serie de placas en las que explicó que la maniobra consistió en que los funcionarios digitaron la adjudicación de dichas obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur a la constructora Skanska, con el objetivo de recibir sobornos.
Al referirse a los exfuncionarios implicados, dijo que el exministro De Vido “tuvo una participación concreta, específica” en las maniobras desde “lo más alto del ministerio” y agregó: “No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes por lo que sostenemos en todo momento tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad”.
De López -quien siguió la audiencia vía plataforma Zoom desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza donde cumple condenas-, sostuvo que desde la secretaría de Obras Públicas a su cargo “se ejerció un seguimiento constante de los trámites administrativos y sobre todo en instancias definitorias como la adjudicación de los contratos”. Explicó que su actuación “no condice con una colaboración lateral, sino con el rol que asume quien cuenta con la totalidad de la información y materializa una atribución específica”.
Sobre Ulloa, explicó que como presidente de Nación Fideicomisos “participó actuando en la formalización de la selección de Skanska como adjudicataria y luego, ya en la ejecución de esas obras, su actuación determinante y decisiva es a través de los pagos hacia los constructores y también su intervención en la selección de los proveedores apócrifos que le facturaron a Skanska y así garantizar el retorno del dinero con destino a los funcionarios”.
Una grabación, prueba clave
Al desarrollar y analizar la prueba, Córdoba le dio un valor primordial a una grabación clave realizada en el marco de una auditoria de la misma empresa Skanska, donde el imputado Azcárate, por entonces gerente comercial de la constructora, ante un auditor, da detalles de las operaciones ilícitas realizadas por la firma para obtener contratos. En ese audio -que en parte fue reproducido por Córdoba en su alegato-, ese acusado confirmó el pago de sobornos a funcionarios públicos a través de un sistema de facturación falsa y de la entrega de valijas con dinero en efectivo. Por la incorporación de esa prueba, se refirió al caso Skanska como un “leading case”.
Esquema del "circuito delictivo" del caso Skanska expuesto en el alegato por el fiscal Abel Córdoba. Foto: captura plataforma Zoom
El fiscal se refirió a la “contundencia” de esa evidencia que fue secuestrada en los allanamientos a la firma, destacó su “específico valor probatorio” por el hecho de que se produjo en el seno de la propia empresa producto de una auditoría, y subrayó que “no deja margen de duda alguna sobre el modo en que se diseñó, se concretó y se perfeccionó ese acuerdo ilegal entre un grupo de agentes de Skanska y el grupo de funcionarios que intervinieron”.
“El caso Skanska es paradigmático de una corrupción donde confluyen un diseño institucional fraudulento, una empresa con estas prácticas y sobreprecios millonarios con un funcionamiento sofisticado para ocultar indicios y que no salga a la luz y poder continuar en otras obras dispuestos a hacerlo sobre el mismo esquema. Todo esto acreditado con una prueba múltiple suficiente”, concluyó el representante del MPF.
“Fachada jurídica”
Por otro lado, en la audiencia del 8 de septiembre pasado, la fiscalía explicó que las maniobras de los funcionarios públicos implicaron una planificación sistemática que buscaba dar apariencia de licitud a las licitaciones. El auxiliar fiscal Gaset se refirió a la existencia “de una fachada jurídica” y señaló que los funcionarios “usaron el poder de manera arbitraria y discrecional” con el objetivo de direccionar las obras a determinadas empresas.
En este marco, en el alegato también se desarrolló el marco normativo que se encontraba operativo al momento de la construcción de las obras y se describieron las distintas resoluciones que “fueron omitidas o terminaron siendo decisivas en el direccionamiento de las obras”.
“Ha quedado acreditado que se creó un marco normativo ad hoc para eludir los procedimientos y mantener al control de curso de la licitación y el control de los funcionarios y permitir direccionar el procedimiento a empresas seleccionadas”, señaló el representante del MPF.
En este mismo sentido, el auxiliar fiscal desarrolló que dentro de las normativas existían opciones que eran utilizadas para manejarse con discrecionalidad en el direccionamiento de las licitaciones. Asimismo, puntualizó que los funcionarios estatales acusados invocaban esas excepciones. Según la acusación, lo hacían en algunos casos para justificar una determinación y en otros lo contrario. Esto implicaba un mecanismo que concluía “en la eliminación de la competencia, establecimiento de precios superiores y elección repetida de las mismas empresas”.
“Se manipulaba los procesos para que se direccionen hacia las empresas que querían que fueron elegidas”, detalló Gaset en el alegato, y agregó: "Los funcionarios públicos validaron una estructura de negocios dirigiendo las adjudicaciones a cambio de sobornos”, enfatizó Gaset.
El auxiliar fiscal también señaló que “el esquema prefigurado por De Vido con las distintas carteras actuó de manera coordinada con el objetivo final de garantizar a las empresas un negoció con un alto margen de beneficios.”
Finalmente, en la audiencia de ayer, Gaset subrayó que "De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos (TGN y TGS) y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada".
Asimismo, en relación a las autoridades de la empresa Skanska, el fiscal Córdoba remarcó que "la empresa consumó prácticas corruptas, en el sector crítico de infraestructura de la obra pública y adoptó el soborno como método de acceder a las licitaciones".
