La excoordinadora del IAFEP está acusada de haber certificado obras inexistentes o inconclusas en el marco de un programa estatal, lo que habría permitido pagos millonarios a cooperativas y organizaciones sociales.
La Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió hacer lugar al recurso de casación presentado por la defensa de María Laura Moreno, imputada por violación de deberes de funcionario público y fraude contra la administración, y dejó sin efecto, solo respecto de Moreno, el punto II de la Resolución Nº 81/2024 del Juzgado de Garantías Nº 2, que mantenía su prisión preventiva.
La exfuncionaria queda en libertad y el expediente se remite a la Cámara Segunda en lo Criminal para que reexamine la medida cautelar conforme a los lineamientos del fallo.
Los motivos
El voto del ministro Víctor del Río, al que adhirió la presidenta Emilia María Valle, sostuvo que, aunque existen elementos para mantener la imputación, no se probó con hechos concretos la peligrosidad procesal necesaria para justificar la prisión preventiva, más aún cuando la investigación ya concluyó y la causa fue elevada a juicio.
La mayoría cuestionó que el encierro se basara en abstracto en la posible severidad de la pena (por 44 hechos en concurso) y en presuntos vínculos de la imputada con personal del organismo, sin explicar de qué modo podría entorpecer el proceso o fugarse. También recordó que deben priorizarse medidas menos gravosas, como caución, prohibición de salir del país, retención de pasaporte, tobillera electrónica y controles periódicos, antes de convalidar una restricción de libertad excepcional.
La disidencia
La ministra Iride Isabel María Grillo votó por rechazar la casación y confirmar la preventiva. Entendió que hay prueba suficiente sobre la participación de Moreno, ponderó la gravedad y multiplicidad de los hechos y advirtió riesgos para el debate: posible influencia sobre testigos que faltan declarar y capacidad económica para evadir la justicia. También desestimó, en esta etapa, los planteos defensivos sobre doble persecución, falta de dolo u obediencia debida.
De qué se trata la causa
La investigación se originó en contratos del IAFEP con cooperativas, fundaciones y asociaciones para obras habitacionales y galpones (Programa Incentivar Trabajo). La acusación sostiene que se certificaron avances y finalizaciones inexistentes o muy bajos —en algunos casos de 10% a 17%—, lo que habilitó pagos y habría generado perjuicio al Estado. La defensa cuestiona la valoración de la prueba, plantea que no hay concurso real sino delito continuado, alega afectación de garantías y pidió prisión domiciliaria por razones familiares; este último punto quedó sin tratamiento específico porque la decisión principal fue levantar la preventiva.
