Se trata de Diego Gutiérrez. A través de sus redes sociales, el también vocal del Instituto de Vivienda aseguró que la magistrada ordenó la libertad del extitular del IAFEP por una presunta simpatía política con el exgobernador, Jorge Capitanich, y porque Mauricio Andión es “amigo” de su esposo. El funcionario fue más allá y vinculó la decisión al caso Cecilia, donde Fernández es jueza técnica. “En cualquier momento, el clan Sena golpea a tu puerta y vuelve a matar”, afirmó. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales repudió el ataque e instó a respetar la “independencia del Poder Judicial”.
Por Bruno Martínez
Está claro que la pelea electoral se libra también en los estrados judiciales. Es que, en medio de una grave crisis económica, con despidos, salarios de la administración pública planchados, caída del consumo, cierre de empresas y una dependencia total a la Casa Rosada, lo poco que le queda al oficialismo provincial como supuestos “logros” para presentar al electorado es echar mano a las causas por presuntos hechos de corrupción de gestiones anteriores. Y quien adopte decisiones que no se ajusten a esa lógica, deberá afrontar las consecuencias.
Un ejemplo de ello es lo que ocurrió la semana pasada cuando el vicepresidente de la Unión Cívica Radical del Chaco y vocal del Instituto de Vivienda provincial, Diego Gutiérrez, tildó de “jueza coquista” a Dolly Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, por ordenar la excarcelación de Carlos Mauricio Andión, extitular del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) durante la gestión de Jorge Capitanich.
“¡Peligro! Delincuente suelto. La jueza coquista, Dolly Fernández, liberó al amigo de su esposo (Edi Núñez), dejó en libertad a Mauro Andión. ¡Cuidado! En cualquier momento, el clan Sena golpea a tu puerta y vuelve a matar”, se lee en la placa que difundió Gutiérrez a través de sus redes sociales el pasado 10 de octubre.
Acompañó la imagen con: “El Chaco de Capitanich al que no queremos volver”, frase que está en clara sintonía con los repetidos eslóganes de campaña de la boleta oficialista que encabeza el libertario, Juan Cruz Godoy.
Dos aclaraciones: Núñez, en rigor, fue funcionario de Lotería Chaqueña durante el gobierno de Domingo Peppo, una línea política interna distinta a la que acompaña al actual candidato a senador, Jorge Capitanich. Por lo que, si se sigue la lógica del posteo de Gutiérrez, Fernández sería “peppista”, en todo caso.
Y en relación al comentario vinculado al caso de Cecilia Strzyzowski (la joven asesinada el 2 de junio de 2023), fue la propia Fernández quien, en su carácter de jueza técnica, prorrogó la prisión preventiva de todos los imputados por un año más. Además, el juicio por jurados tiene fecha de inicio para el 28 de este mes. Es decir: no hay forma de que sea Fernández quien excarcele a los imputados, si no es por un veredicto del jurado que así lo determine.
Frente a este ataque por parte de la segunda autoridad más importante del partido gobernante, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco (AMFJCH) salió a respaldar a Fernández.
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“La AMFJCH repudia la difamación y expresiones agraviantes hacia la Jueza Dolly Roxana Fernández, de intachable trayectoria, contra una resolución judicial fundada jurídicamente, por medio del uso de medios periodísticos y/o redes sociales”, indicaron a través de un comunicado.
La entidad remarcó que, como colectivo, una vez más se expresan “en contra de este tipo de agresiones”. Insistieron en que las decisiones judiciales deben ser cuestionadas por las “formas legales pertinentes” instaron a “fortalecer el respeto de las Instituciones y la independencia del Poder Judicial”.
Libertad y caución por $100 millones
El jueves pasado, la jueza Fernández dispuso la libertad de Andión, quien se encuentra imputado por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por el IAFEP. La magistrada resolvió el cese de la prisión preventiva y ordenó su inmediata excarcelación, bajo un régimen de caución personal de 100 millones de pesos. La garantía fue asumida por sus abogados defensores, Marco Molero y Gastón Chapo, quienes se comprometieron solidariamente a responder con su propio patrimonio en caso de incumplimiento de las condiciones fijadas.
En la resolución, Fernández citó un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia que había otorgado la libertad a la coimputada en la misma causa, la arquitecta María Laura Moreno. Argumentó que mantener detenido a Andión mientras Moreno permanecía libre implicaría una vulneración al principio de igualdad ante la ley.
La jueza recordó que la prisión preventiva debe aplicarse solo en casos excepcionales, ante un riesgo “real y concreto” de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Según su criterio, esos riesgos no se verifican en este momento, ya que el expediente fue elevado a juicio, las pruebas están aseguradas y el imputado mostró colaboración durante todo el proceso.
También ponderó que Andión no posee antecedentes penales y que, de recaer una eventual condena, la pena podría ser de cumplimiento condicional por el rango mínimo previsto (dos años). Por eso, consideró que mantener la detención resultaría desproporcionado frente al posible reproche penal.
El fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, y el querellante particular, Godofredo Pérez Dudiuk, se opusieron a la excarcelación, alegando que persistían riesgos procesales y que el acusado tenía recursos económicos suficientes para eludir la justicia. No obstante, la magistrada rechazó esos argumentos por considerarlos “genéricos y sin sustento fáctico concreto”. Además, advirtió que las convenciones internacionales contra la corrupción no pueden ser invocadas para restringir la libertad si no se cumplen los recaudos constitucionales correspondientes.
Finalmente, Fernández impuso varias condiciones a Andión: deberá fijar domicilio, permanecer dentro del radio del tribunal, asistir a todas las citaciones judiciales, abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el proceso, entregar su pasaporte y no salir del país.
Fuente Litigio.com.ar
