El mandatario anunció su salida a través de X, mientras en el Congreso avanzaba una iniciativa para destituirlo. La crisis de Ueno Bank, los fondos de los ahorristas y los cuestionamientos por sus vínculos con una empresa quedaron en el centro de la disputa.
La crisis financiera que atraviesa Paraguay terminó con la renuncia de Santiago Peña a la presidencia. El mandatario comunicó su decisión este jueves mediante un mensaje en redes sociales, en medio del colapso de Ueno Bank, los reclamos de los ahorristas que no pueden acceder a sus depósitos y una ofensiva política que buscaba apartarlo del cargo.
En su publicación, el ahora expresidente reconoció la gravedad del escenario y explicó los motivos de su salida. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República", expresó, al sostener que su prioridad era preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
Además, pidió disculpas a la población por los posibles errores cometidos durante su gestión. "Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", manifestó.
También hizo referencia a la situación de quienes tenían sus ahorros comprometidos en la entidad financiera y aseguró que su prioridad sería garantizar "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" en el sistema bancario.
La salida se produjo cuando diputados opositores y sectores disidentes del Partido Colorado impulsaban un juicio político por supuesto mal desempeño de funciones. La iniciativa ya se encontraba en tratamiento en el Congreso y había sumado respaldos de figuras del oficialismo.
Entre ellos estuvo Horacio Cartes, expresidente paraguayo y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado. Por su parte, el presidente del Senado, Basilio Núñez, también había reclamado públicamente que Peña dejara el cargo.
El legislador sostuvo que el Congreso no podía permanecer al margen de la situación de los fondos públicos y privados, ni de los recursos pertenecientes a ahorristas y jubilados. En ese sentido, había planteado dos alternativas: la renuncia presidencial o el acompañamiento al juicio político para reorganizar la institucionalidad y proteger a los afectados.
Los cuestionamientos detrás de la crisis
Entre los motivos que alimentaron las sospechas sobre el Gobierno aparece una investigación periodística publicada el 17 de octubre. Según esa publicación, Ueno Holding Saeca, vinculada a la entidad bancaria, desembolsó cerca de 30.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 5.026 millones de dólares, a favor de una empresa en la que el mandatario figuraba como accionista.
Otro de los puntos cuestionados fue la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central de Paraguay en septiembre de 2023.
La situación también alcanzó al Instituto de Previsión Social, que tenía alrededor de 345 millones de dólares invertidos en Ueno Bank. A esto se suma que la entidad administraba el pago de jubilaciones de aproximadamente 32.000 beneficiarios.
Sin embargo, esos desembolsos previsionales se realizaban con aportes de trabajadores y empleadores, y no con el dinero que el organismo mantenía invertido en el banco.
El reclamo del Congreso y la presión sobre Peña
Horas antes de la dimisión, un grupo de legisladores opositores había presentado una moción para destituir al jefe de Estado, luego de la intervención de una de las entidades bancarias más importantes del país. La medida dejó a numerosos ahorristas a la espera de recuperar sus depósitos, en un contexto de creciente incertidumbre.
Núñez había endurecido su postura frente al mandatario a través de un mensaje publicado en X. "Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", escribió.
En esa misma publicación, reclamó la salida del presidente y advirtió que, si no se concretaba, acompañaría el proceso de destitución. También remarcó que el Poder Legislativo debía intervenir cuando estuvieran en juego los recursos de la población.
La renuncia de Santiago Peña llegó mientras el Congreso avanzaba con el mecanismo para desplazarlo, en medio de los cuestionamientos políticos y financieros que rodearon el derrumbe de Ueno Bank.
