El diputado provincial Rubén Omar Guillón se convirtió en el primero en cumplir con la Ley 4797-G, impulsada por él mismo, al realizarse de manera voluntaria los estudios de detección de sustancias prohibidas. Los análisis fueron costeados con recursos propios y serán remitidos a la Presidencia de la Cámara de Diputados.
En un gesto que busca reforzar la transparencia y la credibilidad en el ámbito legislativo, el diputado provincial Rubén Omar Guillón dio un paso al frente y se convirtió en el primer integrante de la Cámara de Diputados en someterse a los estudios toxicológicos establecidos por la Ley 4797-G, normativa de su propia autoría.
El legislador cumplió con todos los requisitos que establece la ley, realizándose los análisis en un laboratorio debidamente habilitado para este tipo de prácticas. Además, los costos derivados de los estudios fueron afrontados con fondos personales, un aspecto que también remarcó como parte de su compromiso con la ética en la función pública.
Según se informó, los resultados de los exámenes serán puestos a disposición y remitidos a la Presidencia de la Cámara de Diputados, organismo que, de acuerdo a la normativa vigente, debe garantizar la implementación y el resguardo de este tipo de controles dentro del ámbito legislativo.
La Ley 4797-G establece la obligatoriedad de realizar estudios toxicológicos a funcionarios, con el objetivo de detectar el consumo de sustancias prohibidas y asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio de la función pública. En ese sentido, la decisión de Guillón de someterse voluntariamente a los controles no solo representa el cumplimiento de la norma, sino también un mensaje político hacia sus pares.
Desde su entorno destacaron que esta acción apunta a “predicar con el ejemplo” y promover que el resto de los legisladores adhieran a la medida, en un contexto donde la demanda social por mayor transparencia y responsabilidad institucional se encuentra en aumento.
El caso abre ahora el interrogante sobre la respuesta del resto de los diputados provinciales y si seguirán el mismo camino, en una iniciativa que busca instalar estándares más estrictos en el ejercicio de la función pública y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
