La conferencia de prensa brindada por funcionarios del Gobierno provincial para explicar la actuación oficial en el caso de la falsa médica terminó dejando más dudas que certezas. Mientras desde la gestión de Leandro Zdero intentaron mostrar rapidez y transparencia, los propios expedientes administrativos y registros digitales contradicen parte del relato oficial y exponen una interna donde alguien, claramente, no está diciendo toda la verdad.
“El Gobierno fue el primero en denunciar”, remarcaron durante la conferencia. Incluso afirmaron que “la primera denuncia realizada la hace el director del Hospital de Quitilipi, la segunda la hace el Ministerio de Salud del Chaco y la tercera la hace el director regional”, insistiendo además en que “no van a permitir que se utilice la información con fines políticos”.
Sin embargo, los registros administrativos muestran otra secuencia.
Según la explicación oficial, el 15 de abril de 2026 a las 9:15 el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, habría elevado un informe alertando sobre la actuación de Mabel Ojeda, quien realizaba guardias médicas utilizando supuestamente la matrícula profesional N° 6822.
Pero existe una actuación administrativa previa: el expediente electrónico E 6-2026-30135-Ae, fechado el mismo 15 de abril a las 09:09 horas, dirigido precisamente al director del Hospital de Quitilipi, solicitando que informe respecto de la cobertura de guardias y atención médica de “la profesional médica Lidia Mabel Ojeda”, requiriendo detalles sobre su vinculación con el Ministerio de Salud, días trabajados y modalidad de pago.
Es decir, antes del supuesto informe “espontáneo” del hospital ya existía una actuación administrativa en marcha.
Posteriormente aparece la actuación electrónica E 6-2026-30141-Ae, mencionada por la ministra coordinadora de Gabinete, que según el Sistema de Gestión de Trámites (SGT) fue registrada a las 9:15, es decir después de las actuaciones impulsadas por el jefe de Región Sanitaria II, Dr. Di Núbila.
Más aún: la intervención formal de la Subsecretaría de Redes de Salud derivando el caso a Asuntos Jurídicos recién figura a las 12:03 horas.
La documentación deja una conclusión incómoda para el oficialismo: o existe una grave descoordinación interna o alguien le está ocultando información a los ministros que salieron públicamente a defender una cronología que los propios expedientes contradicen.
El dato que incomoda: la primera denuncia habría sido de Di Núbila
Otro de los puntos sensibles es que el Gobierno intenta instalar que la reacción institucional fue inmediata y ordenada, pero los hechos muestran que quien realizó la primera denuncia formal habría sido el Dr. Di Núbila, el 15 de abril a las 10 de la mañana en la comisaría de Machagai, y no desde Quitilipi como se intentó presentar oficialmente.
Ese dato cambia el eje político de la discusión porque el mismo funcionario que impulsó la denuncia termina luego apartado de su cargo y sometido a un proceso administrativo.
“Separación preventiva” o desplazamiento político
Durante la conferencia también se habló de “separaciones preventivas” para garantizar transparencia. Pero puertas adentro, la situación fue mucho más severa: los directores fueron removidos de sus funciones y se inició un sumario administrativo.
En el caso del Dr. Di Núbila, además, aparece un elemento todavía más delicado: la reactivación de un expediente del año 2023, durante la gestión de Jorge Milton Capitanich.
En aquel entonces se cuestionaban supuestas incompatibilidades por atenciones médicas realizadas en los hospitales de Machagai y Quitilipi. Esa situación ya había sido abordada y resuelta por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas tras una denuncia impulsada por la entonces ministra de Salud.
Ahora, el expediente vuelve a activarse bajo otro argumento: que ningún profesional puede desempeñarse sin acto administrativo formal.
La contradicción política es evidente. Si ese criterio era tan estricto, entonces también debería alcanzar a numerosas situaciones toleradas por distintas gestiones provinciales durante años.
Pero además, la reactivación del sumario coincide exactamente con los hospitales vinculados a la denuncia de la falsa médica: Plaza y Quitilipi.
Para muchos dentro del propio sistema sanitario, el mensaje parece claro: disciplinar a quienes expusieron el escándalo.
Controles inexistentes y responsabilidades compartidas
El caso deja otro elemento imposible de ocultar: ni la gestión de Capitanich ni la de Zdero implementaron mecanismos eficaces para detectar falsos profesionales dentro del sistema sanitario.
Paradójicamente, eso mismo queda reflejado en dictámenes de la propia asesoría legal del Ministerio de Salud, donde se habla de irregularidades vinculadas al control del ejercicio profesional.
Mientras el Gobierno intenta mostrar rapidez administrativa para desplazar funcionarios, persisten interrogantes mucho más graves:
¿Cómo logró ingresar y realizar guardias una falsa médica?
¿Quién autorizó pagos y coberturas?
¿Qué controles fallaron?
¿Por qué las responsabilidades parecen concentrarse únicamente en determinados funcionarios?
Velocidad para desplazar, lentitud para controlar
Las actuaciones administrativas también muestran otra diferencia llamativa: la rapidez con la que se decidió remover autoridades y avanzar contra funcionarios vinculados a Machagai y la Región Sanitaria II contrasta con la demora de sacar a otros directores de hospitales e incluso jefes de zona que se sabe que la Dra. Trucha actuó.
Hoy el Gobierno intenta instalar una narrativa de transparencia absoluta, pero los expedientes digitales cuentan otra historia.
Y esa historia deja una frase resonando cada vez con más fuerza dentro del propio oficialismo: a los ministros de Zdero les están mintiendo.
