La desaparición de Axel continúa generando interrogantes y preocupación en la sociedad chaqueña. A pesar de la importante cantidad de recursos humanos y materiales destinados a la investigación, hasta el momento no existen respuestas concretas que permitan establecer qué ocurrió con el joven ni dónde se encuentra.
Doce abogados, tres fiscales, toda la estructura de la Procuración General, más de 200 efectivos policiales, la totalidad de la Jefatura de Policía y hasta un ministro provincial han tenido algún grado de intervención en el caso. Sin embargo, el principal objetivo de toda investigación, encontrar a la persona desaparecida y determinar qué sucedió, sigue sin alcanzarse.
La situación pone nuevamente bajo la lupa el funcionamiento de los organismos encargados de investigar hechos complejos. La ausencia de resultados también trae al presente otros casos que aún permanecen sin respuestas definitivas y que continúan siendo reclamados por familiares y distintos sectores de la sociedad.
Uno de ellos es el de Nelson Gusak. En esa causa, la familia llegó a cuestionar públicamente el accionar policial y los procedimientos realizados durante la investigación. La polémica volvió a instalarse cuando aparecieron restos óseos en un sector que ya había sido inspeccionado por peritos y forenses. Entre los elementos hallados posteriormente se mencionaron dientes y fragmentos de costillas, situación que despertó nuevos cuestionamientos sobre la rigurosidad de los trabajos efectuados.
Tampoco puede dejar de mencionarse el caso de Maira Benítez, donde un error pericial provocó una fuerte controversia institucional. En aquella oportunidad se informó el hallazgo de restos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a un hombre, generando un profundo impacto en la opinión pública y un fuerte desgaste para las autoridades judiciales que habían respaldado inicialmente esa información.
Frente a estos antecedentes, muchos se preguntan por qué algunas investigaciones parecen avanzar con mayor rapidez y contundencia que otras. La comparación surge inevitablemente con la causa Cecilia, donde en pocas semanas se conformaron equipos especiales de investigación, se realizaron numerosos procedimientos y fueron detenidos los principales sospechosos.
Más allá de las particularidades de cada expediente, existe una percepción social de que no todos los casos reciben el mismo nivel de atención institucional. Esa sensación se profundiza cuando pasan los meses y las familias continúan esperando respuestas.
Otro de los aspectos cuestionados es la comunicación judicial. Mientras la sociedad demanda información permanente sobre investigaciones que generan gran conmoción pública, la respuesta institucional suele limitarse a escasos comunicados o conferencias de prensa aisladas. El viejo concepto de que los magistrados hablan únicamente a través de sus resoluciones parece entrar en tensión con una ciudadanía que exige transparencia y explicaciones sobre el avance de las causas.
La falta de esclarecimiento en numerosos expedientes también reaviva el debate sobre posibles reformas estructurales. Entre ellas aparece nuevamente la creación de una Policía Judicial, integrada por investigadores especializados y con independencia funcional de la estructura policial tradicional. Los defensores de esta propuesta sostienen que permitiría fortalecer las investigaciones y evitar posibles interferencias cuando las propias fuerzas de seguridad forman parte de las pesquisas.
Asimismo, crecen los reclamos para que los concursos y entrevistas destinados a la selección de jueces, fiscales y defensores sean completamente públicos. Quienes impulsan esta iniciativa consideran que la ciudadanía debe conocer cómo se evalúa y designa a quienes ocuparán cargos de enorme relevancia institucional y que, en muchos casos, se desempeñarán durante décadas dentro del sistema judicial.
Mientras tanto, la pregunta continúa sin respuesta. Con una importante estructura estatal movilizada y múltiples organismos involucrados, Axel sigue desaparecido. Y cada día que transcurre sin novedades no sólo incrementa la angustia de una familia, sino que también profundiza las dudas sobre la capacidad del sistema para brindar verdad y justicia.
