Mientras el Gobierno del Chaco celebraba la inauguración de una nueva sala de rayos X en el Hospital de Santa Sylvina, financiada a través de un convenio con FONPLATA, una comparación de cifras oficiales abre interrogantes sobre los costos de adquisición de equipamiento público.
La obra sanitaria, sin dudas necesaria para fortalecer la atención médica en el interior provincial, demandó una inversión de $60.986.500 para la instalación de un equipo de rayos X. Sin embargo, casi en simultáneo, el Poder Judicial del Chaco lleva adelante una licitación para adquirir un equipo de similares características e incluso de mayor potencia técnica por un monto estimado de $50.000.000.
La diferencia supera los $10 millones, es decir, más del 20% entre una compra y otra, pese a tratarse de equipamiento comparable y adquirido por organismos que integran el mismo Estado provincial.
La situación plantea un debate inevitable sobre los mecanismos de contratación y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Si dos poderes del Estado necesitan prácticamente el mismo equipamiento, ¿por qué existe una brecha tan significativa en los valores de referencia?
El contraste cobra especial relevancia en un contexto económico donde cada peso del presupuesto público es observado con atención por la ciudadanía. Más aún cuando uno de los organismos involucrados es el Poder Judicial, una institución que históricamente ha exhibido procesos administrativos con escasos cuestionamientos y sin antecedentes de observaciones significativas en materia de auditorías.
Por el contrario, el Poder Ejecutivo provincial ha enfrentado en distintas oportunidades observaciones de organismos de control, cuestionamientos sobre contrataciones y procesos que actualmente son materia de análisis judicial y administrativo.
La discusión no apunta a cuestionar la necesidad de equipar hospitales ni de mejorar los servicios de salud pública. Por el contrario, la incorporación de tecnología médica es indispensable. Lo que surge como interrogante es si el Estado está pagando lo mismo por lo mismo, o si existen diferencias que merecen una explicación técnica y administrativa.
Cuando se trata de fondos públicos, la transparencia no es una opción sino una obligación. Y cuando dos organismos del mismo gobierno compran equipamiento similar con diferencias millonarias, la pregunta es inevitable: ¿quién está pagando de más y por qué?
