El gobernador Leandro Zdero firmó el Decreto 2421/2026 que dispuso la cesantía de Gustavo Alfonso Navarro, agente de planta permanente del Ministerio de Salud. Según el expediente, no prestaba servicios desde septiembre de 2016 y continuó cobrando sus haberes durante años. El Gobierno también ordenó investigar a los responsables de los controles administrativos y revisar el funcionamiento de una residencia para adultos mayores que operaba sin habilitación en Las Garcitas.

Un decreto del Poder Ejecutivo del Chaco dejó al descubierto una situación que va más allá de la responsabilidad individual de un empleado público: durante aproximadamente ocho años, un agente del sistema sanitario provincial habría cobrado su sueldo sin concurrir a su lugar de trabajo, mientras los mecanismos de control no lograban impedirlo.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2421/2026, firmado el 15 de octubre por el gobernador Leandro Zdero, con la intervención del ministro de Salud, Ricardo Mayol. La norma dispuso la cesantía de Gustavo Alfonso Navarro, personal de planta permanente que se desempeñaba bajo la órbita del Hospital de Las Garcitas.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al expediente administrativo, Navarro no prestaba servicios en ese establecimiento desde el 1 de septiembre de 2016. Sin embargo, los registros oficiales indican que continuó percibiendo sus haberes mensuales hasta que se formalizó la suspensión de los pagos en enero de 2024.

Ocho años sin concurrir y con sueldo estatal

La investigación se inició a partir de informes y actuaciones administrativas que permitieron establecer que el agente no contaba con certificaciones de servicios desde septiembre de 2016. El Hospital de Las Garcitas también informó que no existían instrumentos legales que acreditaran su traslado, afectación o transferencia a otra dependencia.

Pese a esa situación, el Departamento de Asistencia y Liquidación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud informó en enero de 2024 que Navarro continuaba cobrando normalmente.

El sumario administrativo concluyó que se encontraban acreditadas las faltas atribuidas al agente, entre ellas el incumplimiento del deber de asistencia, la falta de registro de ingresos y egresos y la ausencia de prestación efectiva de tareas.

Durante el procedimiento, Navarro compareció a una audiencia indagatoria y ejerció su derecho a abstenerse de declarar. Posteriormente presentó un escrito de defensa, aunque no formuló alegatos al cierre del período probatorio.

El decreto sostiene que las pruebas reunidas no permitieron justificar las inasistencias prolongadas y que la solicitud de reintegro presentada por el agente constituyó un elemento que confirmó que no estaba prestando servicios en su destino asignado.

El Estado busca recuperar el dinero pagado

La cesantía no es la única consecuencia prevista. El Gobierno ordenó al Ministerio de Salud determinar el monto de los haberes que Navarro habría percibido indebidamente y avanzar con las medidas necesarias para recuperar esos fondos.

El decreto también dispuso dar intervención al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado. Esta última quedó autorizada a promover las acciones legales correspondientes si las gestiones extrajudiciales no permiten recuperar el dinero.

Por el momento, la norma no establece una cifra definitiva sobre el perjuicio económico. Ese cálculo deberá surgir de las actuaciones administrativas correspondientes.

La pregunta pendiente es cuánto dinero salió de las arcas provinciales durante ese período y qué mecanismos se utilizarán para recuperar los fondos, en caso de confirmarse el pago indebido.

La investigación ahora apunta a los responsables de los controles

Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que el propio Poder Ejecutivo reconoce la existencia de fallas severas en los mecanismos de control interno, supervisión de asistencia y certificación de servicios.

Por ese motivo, ordenó al Ministerio de Salud iniciar una información sumaria para investigar la actuación de las autoridades, jefaturas de personal, directores y responsables de certificar los servicios del Hospital de Las Garcitas, además de las áreas centrales que intervinieron en la liquidación de los haberes.

La investigación deberá determinar cómo fue posible que las inasistencias no se informaran oportunamente y que los pagos continuaran durante años. También deberá establecer si existió negligencia grave o connivencia en el incumplimiento de las obligaciones de control.

La diferencia es sustancial: mientras la cesantía resuelve la situación laboral del agente, la investigación sobre la cadena de responsabilidades deberá establecer si otros funcionarios omitieron sus deberes y si corresponde atribuirles responsabilidades administrativas o patrimoniales.

Por ahora, el decreto ordena investigar esas posibles responsabilidades, pero no declara culpables a los funcionarios que pudieran resultar involucrados.

Una residencia para adultos mayores bajo investigación

El expediente también contiene otro antecedente que involucra a Navarro. Según los informes citados en el decreto, en noviembre de 2021 una supervisión del área social detectó que en su domicilio, ubicado en el barrio Aguer Tadeo de Las Garcitas, funcionaba una residencia para adultos mayores sin la habilitación correspondiente.

En el lugar había ocho personas mayores alojadas, cuya reubicación debió gestionarse después de la clausura dispuesta por la Dirección de Adultos Mayores.

Las actuaciones señalan que Navarro se presentaba como encargado del establecimiento y que, según sus propios dichos, trabajaban allí once personas, cinco de ellas enfermeros. Los residentes abonaban una mensualidad cuyo importe variaba según cada caso.

El decreto agrega que, después de la clausura, el dispositivo habría vuelto a funcionar en la vivienda de la hermana del agente. Un acta de constatación del 22 de marzo de 2022 dejó asentada la advertencia sobre la prohibición de alojar adultos mayores y las posibles denuncias administrativas o judiciales si la situación persistía.

Por estos antecedentes, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Desarrollo Humano realizar una investigación sumarial para profundizar el caso.

La norma no establece en sí misma una condena penal por el funcionamiento de la residencia. Sí dispone que los organismos competentes investiguen los hechos y las eventuales responsabilidades que pudieran surgir.

Un decreto que abre más preguntas que las que cierra

El caso expone dos cuestiones que el Gobierno deberá esclarecer: por un lado, la responsabilidad del agente que fue cesanteado; por el otro, el funcionamiento de los controles estatales que debían registrar su asistencia y verificar la liquidación de sus haberes.

Si las inasistencias se extendieron desde septiembre de 2016 hasta enero de 2024, la investigación tendrá que reconstruir qué ocurrió durante las distintas gestiones y quiénes tenían a su cargo certificar los servicios y autorizar o mantener los pagos.

El Decreto 2421/2026 marca el inicio de esa revisión, pero todavía no ofrece respuestas definitivas sobre el monto total del perjuicio ni sobre las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron durante esos años.

La cesantía ya fue dispuesta. Ahora resta determinar si el Estado logrará recuperar los fondos y si la investigación alcanzará a todos los responsables de una situación que, según reconoce la propia norma, dejó al descubierto graves falencias en los controles de la administración pública chaqueña.