La Justicia revocó el amparo presentado por la Fundación Valdocco

La Cámara de Apelaciones Multifueros confirmó la legalidad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación de la Provincia.

 La Cámara de Apelaciones Multifueros revocó el amparo presentado por la Fundación Valdocco

Así, hizo lugar al recurso interpuesto por el Estado chaqueño a través de la Fiscalía de Estado.

De esta manera, el tribunal de alzada dejó sin efecto la sentencia dictada el 22 de diciembre por el Juzgado Civil y Comercial N° 21, y rechazó la acción de amparo promovida por la mencionada fundación.

El fallo, conocido este lunes y firmado por los jueces Sebastián Andrés Cóceres, Natalia María Luz Kuray y Diego Gabriel Derewicki, reconoció la plena legitimidad de los actos administrativos mediante los cuales el Ministerio de Educación dispuso la retención de los fondos destinados a la UEGP N.º 144 —propiedad de la Fundación Valdocco— y, posteriormente, la clausura de la institución.

En esa lína, consideró que la clausura se encontraba debidamente justificada "en los múltiples incumplimientos detectados en el sumario". Entre ellos, los jueces señalaron la "falta de documentación respaldatoria de las altas docentes, la imposibilidad de verificar el domicilio real de algunos docentes (algunos figuraban en plantas nominales de la Provincia de Santa Cruz), irregularidades en los libros matriz, deficiencias pedagógicas (como matrícula insuficiente para las secciones declaradas en el Nivel Primario y la imposibilidad de constatar el funcionamiento del Nivel Superior) y el incumplimiento de la normativa provincial vigente (Leyes N.º 710-E y 1887-E).

El recurso había sido presentado por el Fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, y el Procurador Fiscal, Iván Umansky.

Asimismo, la Cámara de Apelaciones sostuvo que no se aportaron elementos contundentes que permitan concluir que la clausura institucional haya constituido una sanción ilegal o arbitraria, sino que se trató de "la consecuencia necesaria ante la imposibilidad de asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el funcionamiento de los servicios educativos oportunamente autorizados".

En ese sentido, "La decisión estatal de clausura y suspensión de aportes constituye un ejercicio regular del poder de policía educativo y se encuentra debidamente motivada en la multiplicidad de irregularidades objetivas y graves constatadas durante el procedimiento administrativo sumarial", expresaron.