La fiscal 2, Ana González de Pacce, consideró que la violenta toma que produjeron la semana pasada una treintena de personas en el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco no era un delito sino una contravención. Es por eso que decidió archivar la causa y derivar las actuaciones al Juzgado de Faltas. El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, salió al cruce de esta decisión y señaló que la fiscal tomó esta determinación sin recolectar una sola prueba ni llamar a testigo alguno. Ordenó que continúe al frente de la investigación.
Este jueves se cumple una semana de la violenta toma del edificio de la Secretaría de Derechos Humanos por parte de un movimiento social, quienes amedrentaron al personal y a las funcionarias del organismo con discursos de odio y de reivindicación a la última dictadura cívico-militar.
¿Qué ocurrió desde entonces? La causa casi termina en la Justicia de Faltas, bajándole totalmente el precio a un hecho grave. Es que la fiscal a cargo del caso, Ana González de Pacce, consideró que el hecho no era un delito sino una contravención. Y es por eso que ordenó el archivo y derivó las actuaciones al Juzgado de Faltas de la Provincia.
No obstante, luego de una conversación mantenida con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, denunciante en la causa, decidió dejar sin efecto el archivo y González de Pacce entendió que quien debía continuar con la investigación era el fiscal en turno, Francisco Obaldía Eyseric. Ante esto, Obaldía consideró que él no debía ser competente en este hecho.
Ante este conflicto de interpretaciones, el Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, realizó el laudo correspondiente en relación a quién debería investigar, en última instancia. Confirmó que la que debería entender en la causa es la fiscalía 2 y, de paso, cuestionó severamente la rapidez con que González de Pacce se sacó de encima las actuaciones.
“El archivo no fue notificado a las partes sumado a que el escrito presentado por secretaria de Derechos Humanos Silvana Pérez ante la Procuración General Adjunta, donde expresa tajantemente las acciones delictivas y el temor en el cual se encuentran inmersos por el accionar del ciudadano (Gustavo) Monzón y sus seguidores no fueron analizadas ni verificadas por la fiscal González de Pacce dado que no tomó ni una sola testimonial, no realizó ninguna prueba que permita delinear si nos encontramos en presencia de un ilícito, en su caso bien jurídico conculcado por el denunciado Monzón y ante el pedido expreso del suscripto hizo caso omiso y planteó un apartamiento que no puede convalidarse”, subrayó Fonteina.
A su vez, en otro escrito complementario, el Procurador Adjunto solicitó a la fiscal González de Pacce que “de forma urgente” otorgue medidas de protección que aseguren la libre actividad de las y los empleados y funcionarios del organismo, como así también que se notifique a Gustavo Monzón que se abstenga de acercarse al edificio de la Secretaría de Derechos Humanos.
¿Qué debería pasar a partir de ahora? Se tendrá que citar a declarar en calidad de testigos a las funcionarias, funcionarios y empleados del organismo, entre ellas la secretaria, Silvana Pérez y la subsecretaria, Nayla Bosch, al tiempo que se debería avanzar con las imputaciones.
Los hechos
De acuerdo a la denuncia penal presentada por la Secretaría de Derechos Humanos, el hecho se produjo a las 8 del jueves de la semana pasada en la sede gubernamental de Mitre 171, en el microcentro de Resistencia.
Allí un grupo de unas 30 personas, comandadas por el dirigente Walter Monzón, ingresaron de manera intempestiva al organismo, con amenazas de vandalizar el lugar. Los trabajadores y trabajadoras tuvieron que evacuar el edificio y algunos procedieron a resguardarse en la planta alta.
En ese mismo momento, otra parte del grupo de manifestantes permanecieron afuera de la sede gubernamental portando pancartas y banderas de odio. “Derechos Humanos para subversivos montoneros y delincuentes”, rezaba una de ellas, al tiempo que vociferaban que debían volver los militares para que, según afirmaron, “se terminen de una vez los derechos humanos”.
Este no fue un hecho aislado. El 11 de agosto pasado, manifestantes de la misma agrupación política se acercaron hasta el organismo con el mismo tono beligerante. Una de las abogadas de la secretaría bajó para atenderlos, pero la situación se puso tan hostil que tuvo que advertirles que llamaría a la policía en caso de que no la dejen salir de ahí, debido a que la tenían rodeada en la vereda. “Son unos subversivos. Tienen que volver los militares y cagarlos a tiros a ustedes”, vociferó en esa oportunidad Gustavo Monzón, hermano de Walter y también líder del grupo.
